Todos los medios de comunicación que he consultado en las últimas 48 horas coinciden en pronosticar que la investidura de Sánchez ya solo depende de que el abogado del Estado le pida al Supremo que aplique la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Junqueras tal y como el independentismo catalán interpreta que debe aplicarse. El lote completo incluye la solicitud de nulidad de lo que ellos llaman el "juicio de la vergüenza" y la liberación inmediata del presidente de ERC. Según parece, sin embargo, bastará con que pida el segundo artículo del pack —la excarcelación— para que los republicanos se den por satisfechos y accedan a abstenerse en la votación que convertirá a Sánchez en presidente del Gobierno. En Moncloa se frotan las manos y ya han prevenido a la presidenta del Congreso para que el debate pueda producirse el día 2, la primera votación el día 3, y la segunda y definitiva el día 5. O sea, que ya venden la piel del oso… ¿antes de haberlo cazado? Esa es la duda. ¿Ya han dado por buena la interpretación de que la sentencia europea exige la puesta en libertad de Junqueras? ¿Ya han le han dado la orden al abogado del Estado para que actúe en consecuencia? ¿Ya se ha puesto el hombre —en este caso, la mujer— en primer tiempo de saludo? ¿Ya tienen la garantía absoluta de que bastará ese gesto final para obtener la abstención de Esquerra? Habrá respuesta a todas esas preguntas en las próximas horas y todo parece indicar que será afirmativa.
A partir de ese momento —inminente, insisto—, todas las miradas se volverán de nuevo sobre la sala segunda del Tribunal Supremo. ¿Qué hará Marchena? ¿Se inclinará por aceptar la petición de la abogacía del Estado o seguirá el criterio de la fiscalía, que se ha apresurado a solicitar la ejecución inmediata de la inhabilitación de Junqueras? Si está inhabilitado no puede ejercer cargo público, si no puede ejercer cargo público no puede ser eurodiputado, si no es eurodiputado no tiene inmunidad, y si no tiene inmunidad tiene que seguir en la cárcel. En otras circunstancias me atrevería a decir que la conducta del magistrado sería concordante con el criterio de casi todos los juristas de reconocido prestigio que se han manifestado sobre la cuestión. Prácticamente todos —excepto los bizcochables habituales— han respaldado el criterio del fiscal. Sin embargo, los razonamientos del Supremo dejaron de ser eminentemente jurídicos desde el momento en que fundamentó su sentencia en el criterio de la "ensoñación", que tiene de jurídico lo que tengo yo de boixo noi. Si sigue por ese camino, puede pasar cualquier cosa. Cuando una toga con tantas puñetas en la bocamanga se convierte en garante de los presuntos intereses del Estado antes que del estricto cumplimiento de la ley (como si el estricto cumplimiento de la ley no fuera el principal interés del Estado) no hay pronóstico que valga. Y eso es lo grave. Si ya no podemos pronosticar a ciencia cierta de qué lado estará el Tribunal Supremo —si del de la ley o del de la política— apaga y vámonos.
Superados los escollos iniciales de la negociación entre ERC y el PSOE (mesa de Gobiernos donde se pueda hablar de un derecho que no existe —el de autodeterminación—, con calendario estricto y garantías de cumplimiento), ha llegado la hora de enfrentarse a la última reivindicación del partido de Junqueras: "El fin de la represión". Traducida a román paladino, esa demanda significa evitar que la justicia interfiera en el proceso que se ha puesto en marcha. Que los jueces y los magistrados del Tribunal Constitucional dejen de tocar las narices, vaya. Que el Gobierno no impugne las iniciativas inconstitucionales del Parlament, que no se procese a los independentistas que desobedezcan la ley, que se libere a los presos "injustamente" encarcelados, que las sentencias europeas se interpreten a su conveniencia… En definitiva, que se acabe con la separación de poderes y que el Ejecutivo le diga al Judicial lo que puede y no puede hacer, de qué forma y en qué circunstancias. Cualquier Gobierno decente hubiera mandado esa demanda a hacer puñetas (nunca mejor dicho), pero el de Sánchez no es un Gobierno decente y su primera reacción ha sido la de recordar que los procedimientos en curso forman parte de la "herencia recibida" de Rajoy. Es decir, que con ellos en el poder la justicia no hubiera interferido. A Marchena le vendría muy bien tener en cuenta lo que está en juego antes de decidir si avala ese discurso con decisiones equívocas. ¿O es que el Gobierno que viene es otra ensoñación independentista?