Durante la última de las sesiones de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, alguien la mencionó la bicha a Pedro Sánchez aludiendo a la “dictadura constitucional”. La reacción del presidente evidenció su ignorancia supina en materia jurídico-política cuando le espetó al diputado interpelante que de ninguna manera una dictadura podía ser constitucional por existir una contradicción entre ambos términos. Tal vez él lo crea así, pues no parece percatarse de que, en su último decreto de alarma, lo que verdaderamente ha establecido es una dictadura constitucional que acaso pudiera servir al propósito de atajar la epidemia de coronavirus –aunque nada lo garantiza–, pero lo que sí es seguro es que cercenará algunas de las libertades y derechos fundamentales de los españoles.
El concepto de dictadura constitucional lo empleó Carl Schmitt para designar la situación a la que podía conducir el artículo 48 de la Constitución de Weimar, que concedía al presidente del Reich alemán el poder de “suspender en todo o en parte los derechos fundamentales” cuando estuviera en peligro la seguridad o el orden público; una situación de excepción que, de hecho, podía instituir una dictadura en manos del canciller. Es decir, una dictadura derivada del ejercicio mismo de los poderes constitucionales cuando éstos tomaban la decisión de eliminar provisionalmente las libertades públicas y el control del Gobierno por el Parlamento y los tribunales. Schmitt escribió en 1925: “Ninguna Constitución de la tierra había legalizado tan fácilmente el golpe de Estado como la de Weimar”. El ascenso de Hitler al poder en 1933 –cuando el 30 de enero el presidente Paul von Hindenburg le nombró canciller y dos meses más tarde el Reichstag aprobó la Ley para el Remedio de las Necesidades del Pueblo y del Reich– permitió constatar que, en efecto, Carl Schmitt había acertado en su pronóstico.
Una dictadura constitucional es lo que ahora propone y dispone Pedro Sánchez con su declaración del estado de alarma. Una declaración que otorga a su Gobierno el poder de legislar al margen del Parlamento, regulando hasta el mínimo detalle la vida de los españoles –como ya ocurrió durante el estado de alarma anterior– y cercenando sus libertades de manera generalizada –sin considerar el límite que imponen las leyes sanitarias al autorizar la restricción de los derechos individuales sólo a las personas contagiadas o que hayan tenido un estrecho contacto con éstas–. Y ahora con el agravante de haber suprimido el control parlamentario de la acción del Gobierno durante seis meses –lo que choca frontalmente con el mandato constitucional de que sea el Congreso de los Diputados quien, cada quince días, decida acerca del mantenimiento de la situación excepcional– y también el de los jueces ordinarios –pues la naturaleza de la norma obliga a que el control jurisdiccional lo ejerza el Tribunal Constitucional–. El remedo de que el presidente vaya por el Congreso un rato cada dos meses para charlar del asunto no es un verdadero control parlamentario, pues se ha eludido la posibilidad de realizar cualquier votación que pudiera retirar al Gobierno los poderes de excepción adquiridos con la alarma.
La anterior experiencia del confinamiento ya preludiaba este abuso de poder, pues fueron numerosas las intervenciones gubernamentales que cercenaron los derechos de circulación y residencia, la libertad de expresión, el derecho de reunión pacífica y sin armas, la libertad de empresa y el derecho a la negociación colectiva. Pero lo que ahora se produce es un salto cualitativo de imprevisibles consecuencias. La dictadura constitucional es un hecho que emerge de la aprobación misma de la renovación del estado de alarma por parte del Congreso. Éste se conforma a ser retirado de sus funciones de control del Ejecutivo y, de esta manera, otorga al Palacio de la Moncloa un poder que se asemeja al que, en otro tiempo, se ejerció desde el Palacio de El Pardo. Pedro Sánchez debiera haber aprendido que las dictaduras no siempre se derivan de una guerra y que es perfectamente posible que, tergiversando y retorciendo la Constitución, sea ésta la que aparentemente las ampara. Alguien señaló hace unos meses que el presidente del Gobierno tiene vocación de autócrata. Ahora lo estamos constatando sin la menor duda. Ojalá que ya no sea demasiado tarde.