Quienes creen que no pasa nada mientras todo pasa ante sus narices sostienen la beatífica teoría de que Carles Puigdemont convocará un referéndum tal como ha prometido, pero que este referéndum no se llevará a cabo por causas ajenas a la realización. De modo que va a quedar libre de polvo y paja porque hará todo lo posible hasta el infinito y más allá sabiendo que no habrá una empresa en el planeta que le haga el censo, el programa y el recuento. La Fiscalía tiene monitorizados a los contratistas de la Generalidad y lo único claro a estas alturas del año es que lo que se vaya a celebrar en Cataluña en la segunda quincena de septiembre no será ni legal, ni vinculante ni nada remotamente relacionado con el acto de votar en Democracia.
El próximo referéndum no será una reposición del 9-N, sino un remake con otros actores porque los originales están sentenciados por la CUP e inhabilitados por los tribunales. Sea como fuere, de un modo u otro y aún en forma testimonial (que no caerá esa breva), habrá campaña, anuncios y matraca institucional, un par de grandes manifestaciones (mayo y Diada), agitación internacional, hiperventilación general, forcejeo político, tensión judicial y la repera cívica, pacífica y festiva de la asamblea nacional y el odium catalán.
El nuevo catalanismo de los discípulos de Miquel Roca y Durán Lérida sostiene que no habrá más remedio que disolver el Parlament y resolver el conflicto por la vía de las urnas, alfa y omega del proceso, pero en forma de elecciones autonómicas, comicios libres, universales, legales y democráticos que para el PDeCAT, la eterna Convergencia, son como el agua para el gato. Puede que haya quien considere todo esto apasionante, pero es que no ha reparado en el efecto de la termita catalanista de los últimos cuarenta años.
Cataluña es una región española con los atributos de un Estado gracias a la Constitución, cuatro provincias dotadas de una independencia administrativa dedicada durante décadas a erradicar la historia real, la cultura nacional y el idioma español. En ese contexto, el caciquismo local, con la complicidad criminal de los Gobiernos de España, ha conseguido que prime la inaudita teoría de que Barcelona es la capital de una colonia, la ciudad estado de una nación milenaria que ahora se prepara para la crucial y cartagenera prueba de fuerza de unos políticos dispuestos a liarla parda mientras Moncloa confía en los buenos modales de Junqueras.