El principal argumento de los separatistas contra el Tribunal de Cuentas es que no es un organismo judicial. Es lo que dicen lumbreras del independentismo como Francesc Homs, exvicepresidente de la Generalidad que presume de abogado. Alguien poco avisado podría inferir de esa clase de reparo sobre el órgano fiscalizador que los independentistas respetan al Tribunal Supremo, la Constitucional o a la Audiencia Nacional.
Los separatistas catalanes no respetan ningún tribunal salvo que les den la razón porque se creen superiores a los demás y merecedores de una justicia hecha a su medida. En las llamadas "leyes de desconexión" que perpetraron para dar una apariencia de legalidad al golpe de Estado el capítulo sobre el poder judicial era un delirio sustentado en el férreo control de jueces y fiscales por parte de Puigdemont y sus cuates.
Un ejemplo de la actitud separatista ante la justicia: Lo primero que hizo Quim Torra cuando fue juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobediencia fue recordar al magistrado que presidía la sala que el edificio que albergaba la vista era propiedad de la administración autonómica. Es obvio que lo que quería decir es que el Palacio de Justicia era poco más o menos que suyo, del presidente de la Generalidad. No ha habido personaje más engreído y maleducado en la política catalana, lo que es mucho decir en un género en el que prosperan individuos como Rufián.
La última ocurrencia separatista frente a las fianzas que exige el Tribunal de Cuentas a los líderes e impulsores del proceso separatista es que pague la Generalidad, es decir, el pueblo, los que acudían a las manifestaciones coreanas y los que se quedaban en casa a la espera de que la cosa no llegara a mayores. Al parecer, que estén en riesgo las propiedades de personajes como Artur Mas o Mas Colell es tan grave que el gobierno de la Generalidad está dispuesto a avalar sus fianzas. O sea que miles de desahuciados se pueden pudrir en su miseria pero los patrimonios de Mas o Junqueras son intocables.
Despilfarraron millones de euros en vender la burra del proceso en viajes en primera clase por el ancho mundo y cuando el Tribunal de Cuentas les pasa factura, los actuales prebostes de la Generalidad corren en su auxilio y maquinan la manera de cubrirles la apuesta a cargo del erario público. El asunto lo tiene todo. Prevaricación, malversación, robo, corrupción, inmoralidad, desvergüenza, despotismo... Un Gobierno de España que se respetara a sí mismo y a los españoles ya habría activado el 155. Sin embargo, el Gobierno de Sánchez no sólo ha indultado a los golpistas sino que maniobra contra el Tribunal de Cuentas, que ha cometido la osadía de pedir a los separatistas que paguen lo que les deben a los ciudadanos de Cataluña y del resto de España.