Los nacionalistas catalanes han determinado que para la proclamación del Estado catalán es necesario disponer de lo que llaman "estructuras de Estado". Se trata de un taburete con cuatro patas: Hacienda, Seguridad Social, Ministerio de Exteriores y "administración electoral". Para levantar una Agencia Tributaria, la Generalidad ha recurrido al talonario y a la cantera del actual Estado, de modo que ficha inspectores de Hacienda a cargo del Fondo de Liquidez Autonómico, que según Mas es la deuda histórica de España con Cataluña y según Montoro un crédito a interés cero o, lo que es lo mismo, un préstamo a fondo perdido.
En cuanto al Ministerio de Exteriores catalán, no se parte precisamente de cero. Durante años, la Generalidad ha establecido una serie de embajadas en las principales capitales del mundo, cuya rentabilidad económica y política ha sido nula. Los responsables y titulares de las oficinas en el exterior verán recompensada su impericia e incapacidad con más dinero público. El gasto es clave para dar la tabarra internacional en el Financial Times. España nos roba y tal.
La singularidad está en que mientras la Hacienda propia debe evitar que estalle el caso Mas, el rollo de las embajadas sirve para tapar el caso Pujol, vender la moto de que España nos roba, de que los catalanes están maniatados y de que la corrupción en Cataluña es cosa de las cloacas del Estado impropio para dinamitar el proceso.
La administración electoral es otra estructura básica, una herramienta imprescindible para dar un auténtico pucherazo o, en su defecto, denunciar un falso pucherazo. Los resultados del referéndum del 9-N inquietan a los nacionalistas. Fue un éxito propagandístico, una maniobra envolvente para maximizar el tancredismo rajoyano. Sin embargo, y en términos prácticos, las urnas de cartón, los votos dobles, la baja participación y un recuento que duró semanas no son presentables ni siquiera para los verificadores internacionales del desarme de ETA.
La Seguridad Social, en cambio, es lo de menos. Ni CiU ni ERC han previsto destinar un euro al asunto. Se dice que habrá una Seguretat Social, pero se calla que el plan consiste en quedarse con los hospitales y que Madrid pague las pensiones hasta que Cataluña se pueda hacer cargo. Lo que es un traspaso de competencias sin más que vendrá dado por la abrumadora victoria separatista que se prepara para el 27 de septiembre.
Mientras tanto, y mientras se diseña la república catalana, los sanitarios de Tarragona denuncian que un infartado murió al no poder recibir asistencia en las urgencias del hospital de referencia de la provincia porque estaban cerradas. Recortes, pero no de Madrid, sino de Barcelona. Y no es el primer caso. La noticia también está en que lo ha denunciado el PSC, cuyo líder provisional, Miquel Iceta, dice que está hasta las narices de las estructuras de Estado mientras los enfermos se quedan por el camino. Para una vez que aciertan, hay que decirlo.