Estaban agazapados. Y han saltado para sorpresa solo de incautos. Íñigo Urkullu, presidente del Gobierno regional vasco, manifestó el otro día su intención de impulsar una reforma del estatuto de autonomía que incluya el reconocimiento del pretendido derecho de autodeterminación del pretendido pueblo vasco, así como el establecimiento de relaciones bilaterales con el Gobierno de España. Como si de un Gobierno extranjero se tratase. Todo ello en el marco de un onírico Estado confederal.
Sostiene Urkullu –como ya lo hiciera por primera vez el tarado de Sabino Arana– que los vascos tenemos una lengua, una cultura y una historia propias que hacen que reunamos todas las condiciones necesarias para ser reconocidos como una nación por la comunidad internacional.
Y si nuestro Gobierno de España no fuera un Gobierno de felones, acomplejados y asustadizos, alguien habría contestado ya al pregolpista Urkullu que los vascos tenemos también otra lengua, el español, la lengua común de nuestra Patria grande. La lengua que mayoritariamente hablamos los vascos, sin necesidad de que se imponga en las aulas ni se gasten ingentes cantidades de dinero público en fomentar que los vascos la aprendamos. Porque es la lengua de cuna de la mayoría de los vascos.
Más tranquilos estaríamos también si alguien desde el Gobierno le hubiera contestado que no compartimos sólo una lengua, sino también una heroica y gloriosa historia común como nación, en la que fueron parte esencial los vascos más grandes e ilustres, como el almirante Blas de Lezo, el navegante Juan Sebastián Elcano o los ilustres Irala, Ibarra, Legazpi y Urdaneta, conquistadores de Paraguay, México Occidental y Filipinas. Todos ellos vascos y españoles que sirvieron con lealtad a su Rey y a su Patria, al mismo tiempo que se sentían orgullosos de sus raíces vascongadas.
Si el Partido Popular del País Vasco fuera hoy en el partido de Gregorio Ordoñez, el Gobierno de España habría contestado con contundencia al separatista Urkullu, aunque solo fuera por no escuchar a aquel valiente contestatario.
Pero ni el Gobierno ni el PP vasco han replicado con la confrontación que merecen las mentiras de Urkullu, ni han responido al anuncio de su estatuto golpista con la firmeza y la fiereza necesarias. Un Mariano Rajoy constitucional y constitutivamente blando se ha limitado a mostrar confianza en que el Gobierno vasco desista del supuesto derecho a la autodeterminación. Sus palabras textuales han sido: "Tendrán que hacer un esfuerzo por construir respetando los marcos y los procedimientos". ¡Qué tranquilos nos dejas, Mariano! Tú firmeza en Cataluña te avala.
Este es el Gobierno que tenemos; formado por un hatajo de burócratas sin convicciones que son incapaces de defender con vehemencia y con eficacia la unidad de nuestra Patria. Con la estrecha mentalidad de los leguleyos, su única preocupación es que se respeten los marcos y procedimientos legales. Como ya nos ha dicho alguna vez la madre putativa de Pablo Iglesias –Soraya Sáenz de Santamaría–, en España es perfectamente legítimo aspirar a destruir la Nación española, siempre que se respeten los procedimientos. Miran para otro lado, claro, ante el hecho incontestable de que no hay Constitución que valga sin Nación española, cuya unidad, previa y superior, es la base y el fundamento constitucional. Eso les da igual a los pávidos funcionarios de La Moncloa.
Mientras tanto, mientras los burócratas del Gobierno abandonan la defensa de la Nación Española e imploran respeto a los procedimientos, los separatistas del País Vasco, Cataluña, Navarra, Baleares y Valencia continúan gobernando. Continúan adoctrinando a la juventud por medio de unos contenidos educativos que niegan la existencia de la Nación Española. Y continúan envenenando a la sociedad con unos medios de comunicación públicos y fomentando el desarrollo de asociaciones separatistas por medio de subvenciones públicas.
Pero estemos tranquilos, en la Moncloa ya están estudiando cómo pueden aplacar a los separatistas vascos. Les necesitan para aprobar los Presupuestos. Una vez más, Rajoy y Soraya entregarán a la fiera un nuevo pedazo del interés general con tal de que les dejen gobernar un ratito más.
Y mientras todo eso sucede, otros señalaremos el único camino posible para una solución de verdad: el camino de la recuperación de las funciones esenciales del Estado y el de la ilegalización definitiva de las facciones separatistas.
Santiago Abascal, presidente de Vox.