(Libertad Digital) De esta manera, el juzgado de Instrucción de Madrid ha detenido la ejecución de un decreto de expulsión que fue dictado por la subdelegación del Gobierno de San Sebastián contra la inmigrante irregular I.B. de nacionalidad nigeriana.
Según la juez, para que un inmigrante evite ser expulsada del país es suficiente presentar un documento que pruebe tener un domicilio en España y obtener la cédula de inscripción de extranjeros, documentos que en ambos casos son fácil obtención . En su escrito, realizado el pasado 28 de octubre, la juez añade como razón definitiva "la inminente entrada en vigor en materia de extranjería que estará en situación de regularizar su situación en España".
Según el diario ABC, el 23 de julio se había emitido contra la inmigrante nigeriana una orden de expulsión del país, que llegó a manos de la afectada el 13 de septiembre en San Sebastián. Antes de viajar a Madrid para obtener la cédula de inscripción de extranjeros, a I.B. ya se le había negado una solicitud de permiso por arraigo. Pocos días antes de su partida, la nigeriana fue detenida pero la juez ordenó su puesta en libertad impidiendo así que se le ingresara en el Centro de Extranjeros hasta el día de su viaje.
Al respecto, Rodrigo Gavilán, portavoz en temas de inmigración de la Confederación Española de Policía (CEP) declaró al mencionado diario que "el desánimo cunde entre los agentes adscritos a las unidades de Extranjería y provoca que no se quieran hacer detenciones ni hacer seguimientos en esta materia porque saben que es un trabajo perdido, un trabajo inútil que nos desborda día a día. Desde junio hasta hoy, según datos de la directora del Instituto Nacional de Estadística, han llegado a España, a través de los Pirineos, 400.000 extranjeros que acuden por el efecto llamada de una ley dispuesta a regularizar a todos".