La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que operaba en varias provincias españolas. La investigación se ha saldado con 17 detenidos, la identificación de 14 víctimas y otras 12 potenciales afectadas, según ha informado el cuerpo policial.
La operación permitió esclarecer el funcionamiento de una red que captaba a mujeres de venezolanas en situación de vulnerabilidad económica y las trasladaba a España bajo promesas que ocultaban una posterior explotación en viviendas utilizadas como prostíbulos.
Investigación iniciada en Tenerife
Las pesquisas comenzaron en agosto de 2025 después de que dos testigos declararan ante la Policía Nacional sobre la posible existencia de mujeres venezolanas explotadas sexualmente en Tenerife. A medida que avanzó la investigación, los agentes localizaron nuevas víctimas tanto en la isla como en distintos municipios de la Comunidad de Madrid. Esto permitió identificar la estructura de la organización y reconstruir su dinámica.
En una primera fase desarrollada en marzo de este año, la Policía Nacional liberó a tres víctimas y detuvo a tres integrantes de la red, entre ellos algunos de sus principales responsables. Posteriormente, en mayo, fueron arrestados otros dos miembros. Las investigaciones posteriores permitieron confirmar la existencia de un entramado integrado por al menos once miembros, además de colaboradores que facilitaban inmuebles destinados a la explotación sexual.
Según la Policía, la organización captaba a mujeres venezolanas con dificultades económicas y facilitaba su desplazamiento a España alegando motivos turísticos. Una vez en España, las trasladaban a distintos pisos ubicados en las provincias de Madrid, Asturias, Toledo, Guadalajara y Santa Cruz de Tenerife, donde supuestamente debían ejercer la prostitución para saldar deudas que oscilaban entre 7.000 y 9.000 euros.
Los investigadores sostienen que los miembros de la red controlaban las cuentas bancarias de las mujeres, gestionaban los anuncios en páginas de contactos, fijaban los servicios y administraban los beneficios obtenidos. Además, las víctimas eran trasladadas de forma frecuente entre diferentes inmuebles para mantener el control sobre ellas y aumentar los ingresos de la organización.
Vigilancia permanente y restricciones
La Policía ha señalado que las mujeres estaban sometidas a estrictas condiciones de control. Según la investigación, debían permanecer disponibles las 24 horas del día durante toda la semana. Las víctimas residían en los mismos pisos donde se desarrollaba la actividad y, de acuerdo con las pesquisas, no podían salir solas. Los inmuebles contaban con sistemas de vigilancia mediante cámaras.
Los agentes también sostienen que la organización imponía condiciones que impedían a las mujeres rechazar clientes o determinadas prácticas sexuales. Asimismo, aseguran que se les imponían multas y préstamos en condiciones consideradas abusivas para generar nuevas deudas y prolongar su permanencia dentro de la red.
La investigación apunta igualmente a que los integrantes de la organización retiraban la documentación personal de las víctimas con el objetivo de dificultar cualquier intento de abandonar el entramado. Según la Policía Nacional, también se producían amenazas dirigidas tanto a las mujeres como a familiares residentes en Venezuela. Los investigados aseguraban pertenecer al grupo criminal conocido como Tren de Aragua, una circunstancia que, según los agentes, utilizaban para reforzar el control sobre las víctimas. La fase final de la operación culminó con 12 detenciones en Madrid, cuatro en Santa Cruz de Tenerife y una en Toledo.