
Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)


El CGPJ: "Los partidos políticos contaminan los procedimientos"
El magistrado se opone a que las formaciones y los sindicatos ejerzan la acusación popular porque la utilizan para “aplastar al adversario”.
Otras noticias: El Gobierno prohíbe difundir arrestos
Luis Herrero repasa las noticias más destacadas del día y habla con Juanma Rodríguez de la actualidad deportiva.
Tertulia de Dieter: El PP acaba con la 'pena del telediario'
Dieter comenta con Urreiztieta, J. Mª Marco y C. Jordá la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para proteger la imagen de los arrestados.
Margarita Robles: "Poner plazos a la instrucción permitirá la impunidad"
La magistrada del TS ha opinado sobre la reforma judicial del Gobierno en la que cambia "imputado" por "investigado".
El CGPJ aprueba el informe que duda sobre los 'pinchazos' sin autorización judicial
El documento valora de forma positiva la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El CGPJ duda del "encaje constitucional" de los 'pinchazos' sin autorización judicial
La propuesta será estudiada en un Pleno extraordinario que se celebrará el próximo día 12.

Interior quiere prescindir del juez para intervenir comunicaciones
También, dentro de las medidas anticorrupción de Rajoy, limita la instrucción judicial a seis meses, excepto para los sumarios más complejos.
El Gobierno acelera la desactivación de la acusación popular
El Gobierno quiere incluir en su reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal un recorte de facultades de la acusación popular, según ABC. Esto cortaría las alas a asociaciones impidiendo que puedan querellarse en solitario en un proceso. Como ha pasado con Manos Limpias y Garzón.
Zapatero prepara una reforma legal para suavizar las condiciones de los presos de ETA
El Ejecutivo está preparando una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para suavizar las condiciones de los presos de ETA. Según informa el diario La Razón, el Gobierno responde así a una petición reiterada de IU, que el PSOE rechazaba siempre aduciendo que lo tenía que consensuar con el PP. Abandonando el pacto anti-ETA, el gabinete socialista está dispuesto a modificar la ley que beneficiará a los detenidos etarras a cambio del apoyo a sus iniciativas legislativas y a los Presupuestos Generales.