Ley de la Memoria Histórica

Loyola de Palacio ha declarado a La Mañana de COPE que "Zapatero tiene un problema psicológico y quiere retrotraernos, no ya a la II República, sino al Frente Popular de entonces". "Todo eso lo tenemos que pagar los españoles para resolverle sus problemas psicológicos, me parece tremendo", añadió. De Palacio ha dicho que ETA "está chuleando al Gobierno", ya que la banda asesina "sabe muy bien que, según y cómo, le puede hacer mucho daño".

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes que la plaza de la Alianza, en el conocido barrio de Santa Cruz, se llame a partir de ahora plaza del Ministro Indalecio Prieto. Los casi 140 años del nombre y la oposición de los vecinos, que no comprenden el motivo del cambio, no han sido obstáculo para que PSOE e IU aprobaran la medida. La razón es, según argumentaron, que el ministro de la II República firmó el decreto por el que el Real Alcázar, muy próximo al lugar, fue cedido a la ciudad andaluza. Los vecinos que asistieron al pleno para expresar su rechazo fueron expulsados por la Policía.

"La memoria histórica la conocemos y no está en los huesos o cenizas". Así han contestado los familiares de Federico García Lorca a Carmen Calvo, que dijo, respecto a la posibilidad de que se exhumen los restos del escritor, que la recuperación de la memoria histórica "trasciende" a las posiciones personales. La familia de Lorca insiste en su negativa a la exhumación que, a su juicio, no traería "nada nuevo más que la ubicación exacta de los restos". Mientras, continúan los trabajos para la elaboración de la Ley de Memoria Histórica que prometió Zapatero al comienzo de la legislatura.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dedicó todo tipo de elogios a la II República en el Senado y este jueves se aprobaba en el Congreso una ley que reconoce este periodo como antecedente democrático. Además, en una de las enmiendas –la de CiU– se exige al Ejecutivo que presente en un mes el informe sobre las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo que está redactando la Comisión interministerial creada al efecto. Este documento servirá de base para la elaboración de la Ley de Memoria Histórica prometida por el Ejecutivo.

El Pleno del Congreso aprobó una proposición de Ley en la que se declara el 2006 como Año de la Memoria y que está destinada a conmemorar la II República. El PP cree que se trata de "utilizar el pasado como arma política" y pidió que la norma se tramite por el procedimiento ordinario en vez de hacer "una chapuza". Desde el PSOE e IU se llegó a decir que el rechazo de los populares "raya el filibusterismo parlamentario". Fuera del hemiciclo, el socialista Ramón Jáuregui lamentó que en el PP "estén muy presentes" las posturas de cuatro historiadores "revisionistas de pacotilla".

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, anunció este martes su grupo parlamentario defenderá el próximo martes en el Pleno del Congreso una proposición de ley de Memoria Histórica y Antifascista en la que proponen que se reconozca como víctimas y se indemnice a los miembros de bandas armadas que actuaron con anterioridad a la Ley de Amnistía de 1977.

Zapatero ha prologado el libro "El convoy de los 927", sobre los republicanos españoles confinados en el campo de concentración nazi de Mauthausen. Dice que los españoles tienen una deuda con las víctimas del franquismo porque "la amnistía no debe confundirse con la amnesia", ni "el perdón con el olvido". La reflexión de Zapatero se extiende a "las víctimas de los regímenes antidemocráticos", pero reduce esta denominación al "franquismo, el nazismo y el fascismo". Recuerda que su abuelo fue fusilado en la guerra civil y su legado: "paz, perdón y justicia". El libro ha sido presentado este lunes en Barcelona, con Santiago Carrillo como invitado de honor.

ERC ha anunciado que aprovechará la tramitación de la futura Ley de Memoria Histórica para proponer que se abra la vía a que los ayuntamientos que lo deseen puedan reclamar al Archivo de la Guerra Civil de Salamanca los fondos que les fueron incautados durante la contienda. Los republicanos ya criticaron que el proyecto de ley mediante el que se restituirán sus fondos a la Generalidad de Cataluña dejara fuera a las casi 200 entidades locales que se han mostrado interesadas en recuperar sus documentos.