Terrorismo

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá este miércoles si abre un expediente disciplinario al magistrado instructor del 11-M, Juan del Olmo, por la excarcelación por error, el pasado 20 de mayo, de uno de los procesados, Saed El Harrak. La mayoría de los vocales que integran esta Comisión cree que la actuación del juez no constituye la falta muy grave de desatención en la tramitación de los procedimientos que le atribuye el Servicio de Inspección, por lo que el CGPJ previsiblemente acordará incoar expediente disciplinario a Del Olmo por la presunta comisión de una falta leve consistente en haber incumplido los plazos legales.

La presión policial y el número de arrestos de terroristas de ETA no es lo único que ha disminuido. Si el pasado mes de junio se puso de manifiesto que en España sólo se había detenido, en lo que va de año, a cuatro etarras frente a los 14 de Francia, este domingo El Mundo publica una sorprendente decisión del destituido comisario general de Información. Telesforo Rubio redujo a menos de la mitad los efectivos de la brigada de la Policía Nacional especializada en la lucha contra la banda terrorista que trabaja en el país galo. De tal manera, que de los 40 agentes que la componían pasó a disponer únicamente de 20. Con el agravante de que esta depuración la realizó cuando "el alto el fuego" de los etarras no se había producido, y únicamente era un rumor. Su sucesor, Miguel Ángel Valverde, restablecerá el número de efectivos de esta brigada.

Dos organizaciones de empresarios del País Vasco han dejado claro este sábado que respaldan el llamado "proceso de paz" del Gobierno con ETA. El presidente de la patronal guipuzcoana ha ido más allá y sostiene que los empresarios aceptarían un cambio del marco jurídico-político de esta Comunidad Autónoma, una opción que "puede ser conveniente", dijo Eduardo Zubiaurre. Otro dirigente empresarial, Miguel Lazpiur, presidente de Confebask, ha justificado el anhelo de paz de este sector de la sociedad porque los empresarios son –dijo– "los primeros que han sufrido las consecuencias de una situación de violencia".

El PP repudia la última doctrina del Gobierno sobre ETA: distinguir entre terroristas "psicópatas" y terroristas sanos. La diferencia la estableció este viernes el ministro del Interior para intentar adecentar la negociación con la banda terrorista, en medio de las graves amenazas e insultos del pistolero Ignacio Bilbao a un magistrado, durante un juicio en la Audiencia Nacional. El secretario general del PP, Ángel Acebes, señala que, a pesar de que el Gobierno "intenta hacer ver" que negociar con ETA no es hacerlo con terroristas como Txapote, Amaia, De Juana Chaos o Bilbao, "el verdadero rostro de ETA" siempre acaba mostrándose a los ciudadanos. El terrorismo callejero, que también forma parte de ese rostro, ha vuelto a actuar este fin de semana, como prólogo de una nueva manifestación impune de Batasuna-ETA por la autodeterminación y la amnistía, esta vez en Navarra.

El ministro de Defensa apeló a la naturaleza confidencial de las reglas de enfrentamiento de la misión en Líbano cuando le tocó explicar a qué van los soldados. En el Congreso, José Antonio Alonso apenas se refirió a las situaciones en las que usarán la fuerza: en defensa propia y para proteger a la población civil, y siempre de manera proporcionada, según orientó, superficialmente. Gustavo de Arístegui ha revelado a Libertad Digital el más importante de los supuestos previstos, "garantizar el embargo total de Hezbolá, no sólo de armas, sino de adiestramiento y capacitación", según ha descubierto el portavoz del PP. "Nosotros también tenemos nuestras fuentes en la ONU", ha dicho De Arístegui, que critica al Gobierno por haber dejado que el acuerdo sobre el uso de la fuerza se adoptase "sin consultar con España".

El Obispo de San Sebastián ha considerado que, en el "proceso de paz", será necesario ejercer la "paciencia" tanto "tolerando la lentitud de los procesos" como "sufriendo", porque "una paz indolora, que no ha sido sudada, no es una paz nuestra". Juan María Uriarte ha puesto como ejemplo a la Virgen María. "La fe de María pasa por momentos de dificultad y oscuridad, sin desfallecer en la fidelidad". Sin una sola palabra de recuerdo para las víctimas del terrorismo etarra, Uriarte ha dicho que "el creyente que no ora por la paz, no la espera con deseo y confianza, al menos como debe hacerlo un cristiano".

Según ha informado este sábado el diario El Periódico de Catalunya, Al Qaeda capta una media de tres jóvenes musulmanes al mes, nacidos o criados en España, la mayoría en Cataluña, para que actúen como kamikazes en Irak o para que reciban entrenamiento terrorista en Afganistán, Bangladesh, Pakistán, Yemen y Somalia. Según un responsable de la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), citado por el mismo diario, existe "un goteo constante" de voluntarios musulmanes. "Al año, la cifra de muyahidines españoles oscila entre las 30 y 40 personas que desaparecen de entornos radicales".

Batasuna-ETA vuelve a tomar las calles con plena impunidad. El protocolo se repite: los terroristas callejeros abren el cortejo con la violencia habitual y los proetarras lo cierran con manifestaciones en Alsasua, Zarautz y San Sebastián, en las que se le recuerda al Gobierno que el precio de la llamada "paz" es la autodeterminación y la liberación de presos. Esta vez lo harán en Alsasua (Navarra), después de otra noche de atentados, intimidación y amenazas. En San Sebastián, intentaron quemar un autobús y han dejado Portugalete llena de pintadas a favor de la independencia y amenazas como ésta: "Babosos, maltratadores, la calle os vigila".  "Si la Policía no actúa diligentemente, entonces no será posible impedir" este clima de violencia e intimidación, ha advertido Mikel Buesa.

El Partido Popular ha comenzado a estudiar las distintas vías penales contra la legalización de ETA-Batasuna. En una información que este sábado publica La Razón, Génova tiene previsto crear un grupo de trabajo con expertos independientes con el objetivo de impedir que el Gobierno utilice la Ley de Partidos para legalizar a los proetarras. Y es que los socialistas exigieron, mientras se redactaba la Ley, limitar al fiscal general del Estado y a la Abogacía del Estado la capacidad para actuar contra cualquier incumplimiento de la misma. Los populares también se plantean la posibilidad, si llega el caso, de interponer una querella por prevaricación contra Interior.