Terrorismo

Después de la victoria del grupo terrorista Hamas en las elecciones palestinas, la UE dijo que sólo si renunciaba al terrorismo y reconocía a Israel se mantendrían las cuantiosas ayudas que recibe la ANP. Pero tan sólo unas semanas después, sin que Hamas cumpliese ninguna de las condiciones, los ministros de Exteriores de la Unión aprobaban una ayuda "de emergencia" por valor de 120 millones de euros, justificándolo en que era para el "pueblo palestino" y no para el gobierno terrorista de Hamas. Este viernes, tenemos nueva versión: los ministros dicen que "bajo las actuales circunstancias" la ayuda "tendría que ser cortada en un 50 por ciento".

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo este viernes que el "cese de todo tipo de violencia" es la condición que ha puesto el Gobierno para poder "hablar de inicio de paz" y aseguró que "hoy no estamos" en ese escenario, en relación a las declaraciones de Zapatero hace un mes cuando afirmó que nos encontramos "en el inicio del comienzo del principio del fin de ETA".

El secretario general del sindicato proetarra LAB, que fue definido como "alguien con mucho que decir en este proceso de paz" por Patxi López, ha instado este viernes a Zapatero que actúe "directamente" sobre decisiones judiciales. Usabiaga se refería al auto dictado por el juez Grande Marlaska para citarle a él y Otegi, entre otros, por los "actos violentos" de la huelga de este jueves convocada por Batasuna-ETA. Díez Usabiaga calificó el hecho de "provocador" porque pretende "implantar tensión política" en "contra de las esperanzas" para "abrir un escenario de diálogo y negociación".

Cándido Conde Pumpido ha anunciado este viernes que la Fiscalía pedirá el próximo lunes el ingreso en prisión de Arnaldo Otegi. El fiscal general cambia de criterio después de que este jueves dijera que "no toma decisiones sobre los asuntos concretos y específicos". La petición del Ministerio Público se producirá mientras Otegi, en libertad bajo fianza, comparece en la Audiencia Nacional. Deberá declarar ante el juez Grande Marlaska como imputado por los actos violentos registrados este jueves durante la huelga ilegal convocada por Batasuna-ETA.

El Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo ha afirmado que el cese de Fungairiño no fue "arbitrario, ni mucho menos". Peces Barba ha señalado que había "razones" para su destitución. Algunas de ellas fueron, según él, que durante años, "por desidia o lo que fuera", ni solicitó medidas de alejamiento de los presos de ETA respecto a sus víctimas ni el pago de las indemnizaciones que el Estado había adelantado. Peces Barba defendió el apoyo del Gobierno a las víctimas en alusión a las manifestaciones, y lo contrapuso al hecho de que Esperanza Aguirre no ha recibido a la asociación de Manjón.

José María Cuevas habló este jueves, desde su puesto de presidente de la CEOE, sobre la política antiterrorista de Zapatero, que calificó de "disparate". Las críticas a sus palabras no se hicieron esperar. Pío García Escudero, portavoz del PP en el Congreso, habló de "tremendo error", Cándido Méndez le acusó de "partidista" y Gregorio Peces Barba lo calificó de "imprudente". La patronal vasca le acusó de "nula sensibilidad" con quienes sufren la extorsión de ETA. Sin embargo, los empresarios alaveses se han han desmarcado de su patronal, a la que instó a "buscar el consenso". Y Carmelo Barrio, del PP vasco, ha discrepado de Escudero al respaldar al presidente de la CEOE.

El presidente del Ejecutivo vasco ha manifestado este viernes ante los ciudadanos de su comunidad que residen en Santiago de Chile su total convencimiento de que su generación "verá la paz". Además, explicó en qué consistiría el "proceso" que le llevaría a vivir en "Euskadi en paz". Auguró "una situación de no violencia" tras una declaración de ETA, una "mesa de partidos" y una "negociación política" de la que formará parte, según él, el propio Zapatero. Así se sumaba al "optimismo" del presidente al  vaticinar un fin de ETA cercano pese a los "problemas y nubarrones".

La madre de Irene Villa ha lamentado la "desesperación" que sintieron tras la manifestación contra la política antiterrorista del Gobierno por percibir "que los poderes públicos están contra nosotros". María Jesús González ha denunciado en la Cope que desde el Ejecutivo "quieren desacreditar" a las víctimas "porque estorbamos". Un problema que sufren, según ha explicado, no sólo los afectados por las bombas de ETA sino también quienes padecieron los atentados del 11-M. "Han pasado dos años", ha recordado, y "no se sabe nada ni se quiere saber".

El juez Grande Marlaska ha citado para el próximo lunes al dirigente de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi para que declare como imputado por los actos de terrorismo callejero ocurridos este jueves a consecuencia de la jornada de huelga convocada por Batasuna. El juez recuerda que la huelga no venía avalada por ningún partido político legal y por lo tanto no tenía "justificación conocida". Esta actuación contrasta con la pasividad de Conde Pumpido, que ha dicho que "el fiscal general no toma decisiones sobre los asuntos concretos y específicos".