A pesar de las críticas, del clamor social que ha levantado y de la falta absoluta de debate, acaba de entrar en vigor una de las leyes más polémicas, innecesarias e inmorales del Gobierno Zapatero. Un Gobierno que ya va por su segunda legislatura y cuya marca de fábrica es impulsar multitud de iniciativas radicales, aprobadas a golpe de decreto y con medio país en contra. Es la otra cara de ese talante del que Zapatero presumía poco después de llegar al poder, una cara amarga que coloca al socialismo dirigente frente al espejo, retratándole certeramente como déspotas iluminados que gobiernan para una minoría radicalizada y para satisfacer sus instintos de ingenieros sociales.
La del aborto, redactada por las feministas al servicio de Zapatero, es una ley más que discutible desde el punto de vista moral y de la fría perspectiva jurídica. El aborto no debe nunca ser un método anticonceptivo, ni una solución de urgencia para parchear una irresponsabilidad cometida por adultos en uso pleno de sus facultades. Tampoco debe ponerse al alcance de las menores de edad ni fomentarse desde el poder como una presunta liberación para las mujeres. La ley que entró en vigor ayer consagra todo lo anterior y lo hace violentando los principios jurídicos que, hasta el momento, han fundamentado todas las cuestiones relativas al aborto.
El aborto no es un derecho, no puede serlo porque eso implicaría entregar todos los derechos a la madre retirándoselos al nasciturus, y la vida de éste está protegida por el Tribunal Constitucional desde hace más de veinte años. O, al menos lo estaba, porque seguimos a la espera de que este mismo tribunal se manifieste sobre los recursos a la ley que han interpuesto desde diversas instancias. Lo que no sea alcanza a entender es por qué el alto Tribunal no ha suspendido cautelarmente la entrada en vigor de la ley hasta que disponga de un veredicto final al respecto. Es imperativo que el TC paralice de inmediato su aplicación porque, de lo contrario, las consecuencias podrían ser funestas e irreparables al tratarse de vidas humanas, y los fetos de 14 semanas lo son se ponga la ministra Aído como se ponga.
En este estado de cosas es comprensible que la Región de Murcia haya decidido esperar por su cuenta a que el Constitucional se pronuncie. Comprensible pero desaconsejable. La autonomía murciana carece de competencias para desobedecer una ley por mucho que la razón y el sentido común le amparen. No se puede reclamar el cumplimiento de la legalidad a la vez que se violenta la aplicación de una ley, por muy injusta o inmoral que nos pueda parecer. Sienta un precedente demasiado parecido al de Montilla que pide que se cumpla es Estatut advirtiendo que va a incumplir lo que dice el Constitucional. La ley no se sirve a la carta, ha de ser la misma para todos o se transforma el papel mojado.