Los socialistas siguen afirmando que son un dechado de virtudes públicas en el ejercicio del poder, a pesar de que su pasado les delata y su presente les oprobia. Inasequibles al desaliento y con notable ausencia de sentido del ridículo, pretenden seguir dando lecciones de moral ciudadana hasta cuando la justicia les impone el castigo que merecen sus desmanes, que es exactamente lo que está ocurriendo en esta ópera bufa interpretada por el inefable Tomás Gómez a cuenta de la condena a los desafueros perpetrados en su día por su principal colaboradora.
A pesar de lo que sugieren los voceros del socialismo madrileño, la sentencia que condena a ocho años de inhabilitación a su secretaria de organización, Trinidad Rollán, no puede equipararse a una mera sanción administrativa impuesta por causa de un error de gestión. Muy al contrario, el texto de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma de forma muy nítida la existencia de un delito de prevaricación, cometido mientras la hoy condenada ejercía de alcaldesa de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, respecto al que los magistrados no ahorran calificativos a cual más recio.
Lo que para Tomás Gómez es un simple desliz administrativo, para los magistrados del TSJM es un delito de prevaricación, cometido "de forma tan ilícita como burda y rudimentaria" para hacer pasar por legal un acuerdo municipal de supuesta permuta de terrenos, lo que constituye, siempre según la Justicia, "no sólo un dislate, un desatino o una aberración desde la más tosca o laxa de las valoraciones jurídicas posibles, sino que incluso resulta algo hasta risible, ridículo o grotesco para cualquier persona lega en derecho por escaso que sea su sentido común".
Trinidad Rollán, número dos de Gómez en el socialismo madrileño, impulsó desde la alcaldía de Torrejón de Ardoz la adopción de un acuerdo municipal que entregaba a una empresa privada el dominio de una parcela municipal a cambio de dinero y de ciertos trabajos de urbanización, algo que está taxativamente prohibido por ley como le advirtieron por escrito los responsables jurídicos municipales. Su contumacia en la decisión de beneficiar a esa mercantil en contra del interés de los ciudadanos cuyos intereses tenía el deber de proteger, la han llevado primero al banquillo de los acusados y finalmente a una condena en toda regla a pesar de los esfuerzos de su actual jefe filas por disimular el desafuero.
Las declaraciones de la delincuente informando de su decisión de no concurrir a los próximos comicios no puede ser más risible, pues esa es precisamente la consecuencia inmediata de la condena que le ha impuesto la Justicia. Por cierto, no podrá hacerlo ni a estos comicios ni a las dos citas electorales siguientes salvo que una instancia superior le rebaje la pena acordada, dato que apuntamos para un mejor conocimiento de los términos reales del castigo que le ha sido impuesto.
Tomás Gómez es muy libre de tener en su equipo a personajes condenados por prevaricación e incluso de hacer el ridículo comparando su supuesta virtud con la costumbre en esta materia del partido rival. Olvida que Esperanza Aguirre, sin esperar al pronunciamiento de los tribunales, expulsó de su ejecutivo por ejemplo a todos los cargos contaminados en la trama Gürtel.
Los que no parecen olvidar esta distinción entre la conducta pública de ambos candidatos son los ciudadanos madrileños a juzgar por las más recientes encuestas, que recetan a Gómez un varapalo sin precedentes. Con espectáculos como el desarrollado en torno a la prevaricadora Rollán, hasta los socialistas madrileños tendrán que reconocer que la demoscopia no hace más que confirmar los merecimientos electorales de unos y otros.