Afortunadamente, en un Estado de derecho no todo depende del Gobierno. La Justicia, o al menos alguna de sus instancias, puede actuar con independencia y cumplir con su obligación.
Eso y no otra cosa es lo que ha ocurrido este jueves: la maquinaria de la Justicia se ha puesto en marcha y una juez decente ha cumplido con su obligación: ha dictado las medidas cautelares que la gravedad de los delitos de que se acusa a los cabecillas del golpe de Estado separatista y la huida de parte de ellos hacían no sólo lógicas sino imprescindibles.
No es algo que haya que apuntar en el haber de un Gobierno que si se ha destacado por algo ha sido por su escasa voluntad de hacer cumplir la ley, incluso ante sentencias tan terminantes como las del Tribunal Constitucional que prohibían la celebración del 1-O, que se terminó celebrando por la clamorosa incompetencia de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría.
A diferencia del 1-O, y contrariamente también a lo que algunos están diciendo en los medios de comunicación y las redes sociales, este jueves no ha sido un día triste ni para Cataluña ni para España. Al revés: los españoles, y especialmente los que viven en Cataluña, pueden estar satisfechos no de que determinadas personas entren en prisión, sino de que se haya podido constatar que la Justicia alcanza a los que delinquen aunque se trate de individuos que sólo unos días antes ocupaban sillones que los hacían muy poderosos.
Muy distinta ha sido la reacción del nacionalismo y de una izquierda en la que han sido múltiples las voces que se han alzado contra lo que consideran una inoportuna injusticia. El auto de Lamela está extraordinariamente argumentado desde el punto de vista jurídico, pero aún así es legítimo discutir, por ejemplo, si en España se hace un uso abusivo de la prisión preventiva. Lo otro, por mucho que lo pregonen los líderes mediáticos y políticos de la izquierda equidistante, es completamente intolerable: sólo en países como la Venezuela chavista las decisiones de los jueces pueden adaptarse a consideraciones sobre su oportunidad o inoportunidad política.
Esta es una de las bases de todo Estado de derecho digno de tal nombre. Y lo sería, incluso, aunque se aceptase como cierta la segunda gran mentira que hay en todas estas afirmaciones: que la impunidad de los golpistas y la renuncia a la aplicación de la ley pueden ser el camino para solucionar no ya el problema creado por el nacionalismo en Cataluña sino cualquier otra cuestión política.