No es la primera vez que un comunicado de ETA es recibido con irreflexivo alborozo. TVE llegó a retransmitir las doce campanadas con las que los relojes del País Vasco marcaban el inicio de aquel "alto el fuego permanente" que acabó con el atentado de Barajas. Ahora muchos han escuchado "cese definitivo de la violencia" y se han parado ahí: prefieren olvidar cómo han acabado comunicados anteriores que en su día les parecieron igualmente terminantes y, sobre todo, prefieren obviar las condiciones que pone en su comunicado, que incluyen esa negociación con España y Francia.
En muchos casos esa ceguera está producida por la comprensible esperanza de vivir en una España libre de la amenaza del terrorismo independentista vasco. Pero no cabe poner esa excusa cuando se tiene un mínimo de responsabilidad pública. Hemos pasado por demasiadas treguas que no eran más que una trampa como para no exigir algo más que este comunicado para hablar del fin de ETA. Sólo cuando la banda anuncie su disolución y su voluntad de entregar las armas debería la clase política española expresarse como lo han hecho Zapatero, Rajoy, Rubalcaba o Patxi López. No antes.
No es la banda terrorista la que impone condiciones para su desaparición al Estado español, democrático y de Derecho, sino al revés. Aunque se decidiera cometer la injusticia de ser generosos con los verdugos y, por tanto, crueles con las víctimas, nunca se debería plantear siquiera esa posibilidad antes de que ETA anunciara su disolución y la entrega de las armas. Se entiende que los socialistas, siempre tan comprometidos con la "salida negociada al conflicto", hayan preferido pasar ese detalle por alto, pero del líder del PP cabría esperar que al menos explicara que ETA no ha puesto fin al terrorismo este 20 de octubre.
Con todo, quizá lo peor de la reacción política al comunicado ha sido la falta de respeto con que han tratado a las víctimas. No olvidemos que han sido ellas quienes han sufrido de verdad, en primera persona, el zarpazo del terror, y son ellas las únicas legitimadas, en última instancia, para perdonar a sus verdugos. Ese es el trato implícito en todo Estado de Derecho: renunciamos a tomarnos la justicia por su mano porque las instituciones se comprometen a castigar al delincuente. El Estado no tiene derecho a romper ese compromiso. De ahí que la opinión de las víctimas sea la más importante.
Sin embargo, los políticos han optado por dedicarles un cariñoso recuerdo, darles una palmada en la espalda e ignorar por completo lo que tengan que decir. Su voz ha sido ignorada, cuando es su voz la única que debería ser escuchada. Por eso debería ser obligado acudir a la concentración del próximo sábado 29 de octubre. Es una obligación ciudadana ayudar a que la voz de las víctimas se escuche allí donde quieren silenciarla.