Treinta y cinco años después de su aprobación en referéndum por el pueblo español, la Constitución es a estas alturas una norma agotada que necesita una profunda reforma para servir a los fines para los que se concibió. A los vicios de origen como el malhadado Título VIII, que consagra un sistema territorial delirante, se ha sumado la deslealtad de la clase política, que no ha dudado en vulnerar sus mandatos más esenciales en beneficio propio cada vez que lo ha considerado oportuno.
El modelo fiscal del País Vasco y Navarra, que privilegia a estos territorios sobre el resto, es un anacronismo que pervierte los principios básicos de igualdad de todos los españoles y solidaridad interterritorial. Esta disparidad en el trato de los ciudadanos en función de su lugar de residencia ha sido exacerbada con motivo de la aprobación del estatuto de Cataluña, documento que consagra una serie de privilegios financieros y normativos y cuyo articulado convierte a la Carta Magna en una entelequia, con el beneplácito del Tribunal encargado de hacerla cumplir en todo el territorio nacional.
La soberanía nacional, que el primer artículo de la Constitución hace residir en el pueblo español, está puesta en cuestión con motivo de la consulta ilegal que el Gobierno regional de Cataluña amenaza convocar, sin que hasta el momento haya habido la menor respuesta de los poderes del Estado central. Otro tanto cabe decir del derecho a utilizar la lengua española, consagrado en el artículo 3 y convertido también en mera entelequia en diversas regiones españolas –dos de ellas gobernadas por el partido del Gobierno–, con la aquiescencia de las instituciones nacionales encargadas de garantizar la educación de todos los niños españoles en su lengua materna.
Pero tal vez sea la corrupción institucionalizada en la designación de los miembros de los órganos judiciales el incumplimiento constitucional más grave, por sus consecuencias en todos los órdenes, incluido el ámbito económico, con el escándalo de las cajas de ahorro, provocado por sus dirigentes politizados, como epítome del pésimo estado de la Justicia dependiente. El mercadeo de los partidos para configurar las cúpulas de los tribunales acaba con la separación de poderes que caracteriza a una democracia y pone el Estado de Derecho al servicio de las cúpulas de las organizaciones políticas.
Hoy, Seis de Diciembre, esa misma clase política que ha vulnerado la Constitución hasta dejarla irreconocible se congregará en la sede de la soberanía popular para celebrar una vigencia en la que nadie cree ya. En cambio, en Cataluña muchos ciudadanos se manifestarán para pedir que esa misma Constitución, que sus valedores transgreden en medio de celebraciones vergonzosas, comience a cumplirse en un territorio español en el que a estas alturas es ya menos que un papel mojado.
En esta situación de apabullante deslegitimación política, resulta imprescindible proceder a una reforma en profundidad de nuestra Carta Magna que clarifique su contenido, fije las consecuencias de su vulneración y corrija los desmanes perpetrados en estos treinta y cinco años. Por eso resulta especialmente oportuna la propuesta que formaciones todavía minoritarias como Ciudadanos o UPyD han puesto sobre la mesa, con el fin precisamente de que la Constitución recupere el vigor normativo del que hasta ahora se ha visto privada.
En el Partido Popular justifican su negativa a plantear un proceso de reforma constitucional por la previsible ausencia de acuerdo entre los grandes partidos. Sin quitar veracidad a esa afirmación, es obvio que los acuerdos no surgen por ensalmo, sino que hay que conseguirlos partiendo de una voluntad firme y unos principios claros, circunstancia que en estos momentos no se da ni en el PP ni el PSOE, más allá del ridículo federalismo que Rubalcaba esgrime últimamente para disimular el absoluto desbarajuste interno de su partido.
La creación de una mayoría crítica de ciudadanos españoles que exija recuperar la soberanía y la igualdad de todos es una tarea que, de momento, ha recaído en los dos únicos partidos con vocación realmente nacional, los dirigidos por Rosa Díez y Albert Rivera. El resultado de las próximas citas electorales, ya bien cercanas en el tiempo, será la ocasión para comprobar si su claridad en defensa de los intereses nacionales obliga o no a otras formaciones a plantearse una reforma de la Constitución que vaya en beneficio de todos los ciudadanos y no de la clase política.