La avalancha migratoria no nace del azar. Las pateras que alcanzan las costas de Canarias no son el fruto de una crisis espontánea. Un informe del Cenif, desvelado por eleconomista.es, entierra el relato que ha querido vender Sánchez. Detrás de las llegadas masivas hay una operación de Estado. Un plan ejecutado desde Marruecos con precisión.
La Policía Nacional rastrea una cadena de alertas que prueba un hecho ineludible: el Estado conocía el riesgo. El 31 de julio, tras los asaltos perimetrales en Ceuta, los despachos policiales emitieron un aviso claro. Canarias era el siguiente objetivo. Se advirtió de un repunte inminente de embarcaciones irregulares hacia el archipiélago. Nadie reforzó las fronteras. Nadie movió ficha diplomática. El Gobierno de España guardó silencio mientras las mafias y las autoridades marroquíes preparaban el terreno en la costa atlántica. El informe constata que la dimensión migratoria sirve solo de cobertura formal para un asedio planificado.
Agentes al servicio del chantaje
El documento policial destroza el mito de la falta de recursos de Rabat, o de que los inmigrantes son personas huyendo de la guerra. Las fuerzas de seguridad marroquíes no se vieron desbordadas. Al contrario. Participaron en el asalto. El texto detalla cómo los policías y militares del país vecino guiaron a los inmigrantes en el agua, marcando la ruta hacia territorio español.
Es un control de fronteras a la carta. Cuando Marruecos quiso frenar una nueva convocatoria a mediados de agosto, el despliegue policial blindó la costa. Cero salidas. El grifo se abre y se cierra por orden directa de palacio. No existe descontrol, existe sumisión de la contraparte española.
Los investigadores enmarcan la crisis de Canarias y Ceuta en una estrategia de "zona gris". Es el conflicto moderno. Rabat utiliza el drama de miles de personas para desgastar a España, forzar concesiones diplomáticas y tensar la convivencia en las calles canarias. Buscan el colapso sin llegar a la confrontación abierta. El Cenif señala una ambigüedad calculada y un planeamiento superior. No hablamos de personas buscando refugio, son piezas de un tablero donde España ha decidido no jugar.
Canarias paga la factura
Mientras la diplomacia española opta por el apaciguamiento, el archipiélago asume el golpe en solitario. La pasividad de Moncloa tiene un coste tangible. Las infraestructuras insulares quiebran. Los recursos públicos, sostenidos por el esfuerzo de los contribuyentes, se agotan, ante un flujo invasivo del que el Estado es consciente.
El informe policial da un paso al frente y exige investigar las responsabilidades a este lado de la frontera. Pide explicaciones sobre la inacción gubernamental frente a un pulso notificado con días de antelación. La claudicación del Ejecutivo central deja a las Islas convertidas en el daño colateral de unas relaciones internacionales fallidas. Canarias exige seguridad y fronteras defendidas. Madrid, de momento, solo ofrece resignación.