SGAE
El presidente de OKI Ibérica dice que no existe margen para que los fabricantes asuman el nuevo canon
Javier Toledo, presidente ejecutivo de OKI Systems Ibérica, filial de la multinacional de impresión japonesa, ha afirmado que con los actuales márgenes los fabricantes no podrán asumir el canon que establece la nueva ley de Propiedad Intelectual –cuya cuantía aún no se determina ante el desacuerdo entre los ministerios de Industria y Cultura– con el que se quiere gravar a los dispositivos de reproducción, por lo que probablemente se repercutirá al usuario.
El ex portavoz de Jueces para la Democracia, asociación que recibía dinero de la SGAE, falla a favor del canon
La asociación española de pequeñas y medianas empresas de informática (Apemit) ha solicitado la nulidad de todo el proceso que ha finalizado, de momento, en una sentencia (que aún no es firme) a favor de la SGAE y que condena a una mayorista de informática a pagar 23.586 euros, más IVA, por el canon digital. Apemit argumenta que el juez que tomó la decisión tuvo relación con la SGAE cuando fue presidente de Jueces para la Democracia, que figura entre las entidades colaboradoras de la sociedad general de autores.
Un juez confirma la recaudación preventiva del canon de la SGAE y sentencia que es "conforme a la Constitución"
Un juez de Bilbao ha resuelto la legalidad del llamado canon por copia privada aplicado a los CD grabables. Ante la demanda de un particular que solicitó la devolución de 0,42 euros que había pagado en concepto de tasa a los autores por un CD-R que demostró haber utilizado para grabar documentos del juicio, la sentencia ha establecido que lo distintivo de la protección de los autores regulada por la Ley de Propiedad Intelectual no es el uso que se dé a los soportes de grabación, sino la cuestión de si son, o no, "idóneos" para realizar una copia privada de obras protegidas. La sentencia también rechaza la petición de elevar una cuestión de Constitucionalidad al Alto Tribunal, planteada por el mismo contribuyente.
La SGAE, la ley y Torquemada
La ley es algo que la SGAE puede retorcer mediante procedimientos siniestros y oscuros para convertirse en el vigilante, el juez, el que tiene poder omnímodo para cerrar toda aquella página sospechosa: como en los tiempos de la Inquisición
Las operadoras de telecomunicaciones no quieren convertirse en "árbitros" o "policías" de Internet
Tras conocerse el contenido de la reforma del Anteproyecto de Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) –del que la Asociación de Internautas informó este martes y que el Gobierno tiene previsto aprobar en los próximos días–, las operadoras de telecomunicaciones han reaccionado. Éstos alegan que la reforma las convierte en "árbitros" o "policías" de la Red, con facultad para acusar a sus clientes de las ilicitudes que un tercero diga que se realizan. Dicen que esto afecta los derechos fundamentales de la libertad de expresión y el secreto de las comunicaciones, lo que podría causarles serios inconvenientes respecto de sus clientes.
El PSOE quiere a la SGAE como censora
Los proveedores de servicios de Internet deberán obedecer las órdenes de Teddy Bautista cuando solicite no ya el cierre de un sitio web, sino incluso la desconexión de un usuario de Internet por hacer uso de las redes P2P.
La AI denuncia que el Gobierno otorgará a las Sociedades Gestoras la capacidad de censurar material de Internet
En lo que podría ser uno de los ataques más graves contra la libertad de expresión en Internet, el Gobierno ha propuesto en la reforma de la Ley de Servicios de la Sociedad de Información (LSSI) que las Sociedades Gestoras –con la SGAE a su cabeza– sean las encargadas de ordenar el retiro de contenidos que infrinjan derechos de autor. Ante esto, la Asociación de Internautas (AI) y la plataforma "Todos contra el canon" han mostrado su contundente rechazo. Víctor Domingo, presidente de AI, declaró a Libertad Digital que el anteproyecto "es una patada al Estado de Derecho" ya que pasa por encima de los jueces, cosa que vulnera la propia Constitución. El Consejo de Estado ha apuntado que se trata de "una restricción de la libertad de uso de Internet".
Los titiriteros solidarios de la SGAE
En el caso del top manta, sea cual sea la cuantía del beneficio obtenido se considera delito, lo que provocará que el inmigrante condenado no pueda legalizar su situación en nuestro país, dejándole abocado a un futuro de ilegalidad y marginación.
La SGAE nos va a sacar los higadillos
De un PSOE que tanto debe al lobby no cabe esperar nada. Pero de un PP que tiene todas las razones para odiarlo y perjudicarlo en la medida de sus posibilidades, cabría esperar otra cosa. Inteligencia, por ejemplo.