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SGAE

Un juez autoriza a la SGAE a cobrar por la música de las bodas porque no "son actos privados"

El titular del juzgado de lo Mercantil número uno de Alicante ha autorizado a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) a cobrar por la música de los banquetes de boda. El magistrado considera que las bodas no representan un acto estrictamente privado. Así, la SGAE logra la base para exigir un canon a los restaurantes por la música de los convites. Según informa el diario Levante, la SGAE ha comenzado a pedir una media de 600 euros por banquete. La autorización es aplicable a los bautizos y comuniones. Ya en diciembre, la SGAE grabó banquetes de boda sin permiso de los novios para pedir el canon.

La SGAE pierde un juicio contra un bar que utilizaba licencias "creative commons"

El juzgado número 6 de Primera Instancia de Badajoz ha fallado a favor del propietario del bar Metropol, demandado por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), porque la sociedad no ha podido probar que reprodujera música de sus autores, según informa el diario Hoy. El bar utilizaba música con licencia "creative commons". La SGAE había hecho grabaciones y enviado espías al bar para comprobar si emitía canciones de los autores controlados por la sociedad y le había demandado por una cantidad de 4.816 euros.

La Audiencia Provincial condena a la Asociación de Internautas por injurias a la SGAE

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la condena impuesta a la Asociación de Internautas por intromisión ilegítima en el honor de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por su campaña "www.putasgae.org". La sentencia obliga a la Asociación de Internautas al pago de una indemnización de 36.000 euros "por daños y perjuicios" a la SGAE, así como a publicar la sentencia en su web y al pago de las costas del proceso judicial.

Bruselas expedienta a la SGAE por restringir la venta de licencias para descargar música en Internet

La Comisión Europea anunció este martes que ha expedientado a la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) y a sus miembros en el Espacio Económico Europeo --en el caso de España, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)-- por prácticas restrictivas en la venta de licencias para descargar música en Internet y para otros nuevos formatos como las retransmisiones por cable o por satélite.

La SGAE pide disculpas al Taller Cultural de Fuentepelayo y devolverá los 518 euros que cobró por una obra para discapacitados

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) devolverá al Taller Cultural de Fuentepelayo (Segovia) los 518 euros que le cobró por un certamen benéfico de teatro para discapacitados psíquicos tras la denuncia de su responsable, Juan Cruz Serrano, en el periódico el Norte de Castilla. Pese a que el delegado territorial de la SGAE, Víctor González, defendió el cobro de esa cantidad en declaraciones a Libertad Digital, la gestora de derechos de autor ha reconocido que se trató de un "error administrativo".

La SGAE cobró dinero a un taller cultural por un certamen de teatro para discapacitados psíquicos

El Taller Cultural de Fuentepelayo ha denunciado que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) les ha cobrado 518 euros por representar unas obras en un certamen benéfico de teatro para discapacitados psíquicos. En declaraciones a Libertad Digital, fuentes de la delegación de la SGAE de Castilla y León han asegurado que esta cantidad es una "contraprestación" por los derechos de autor y que se digirieron al responsable del certamen, Juan Cruz Serrano, para advertírselo. Éste lo ha negado y ha señalado que lo único que recibió fueron dos facturas por correo que se vio obligado a devolver.

La asamblea francesa declara legal el intercambio de música y películas por Internet

La Asamblea Nacional legalizó el intercambio de archivos por Internet mediante sistemas P2P, siempre que sea para uso privado y los usuarios paguen una cuota general para pagar los derechos de autor. Las enmiendas aprobadas contradicen a las propuestas por el gobierno, que podrían haber permitido la ilegalización de todo tipo de aplicaciones  de uso común como navegadores o aplicaciones de mensajería instantánea. La decisión podría revertirse al día siguiente de haberse tomado.
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