Fray Tomás de Torquemada fue nombrado Inquisidor General por Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en el año 1482. En su momento calificado de "martillo de herejes, luz de España, salvador de su país y honor de su orden", Torquemada y la Inquisición se convirtieron en el sinónimo de la crueldad, la tortura y el fanatismo al servicio de unas ideas. Nadie nunca tuvo tanto poder para, al margen de toda supervisión, imponer sus bárbaros criterios a toda una sociedad, algo que ha dejado una huella indeleble en la imagen de España en el mundo. La frase "nobody expects the Spanish Inquisition" tiene casi cien mil resultados en Google).
En general, la idea de volver a una situación parecida resulta o debería resultar repugnante para cualquier persona de bien. La posibilidad de subvertir los mecanismos ya desarrollados en el ordenamiento actual con el fin de crear una situación similar a la de aquella época debería ser algo impensable, un absurdo, un generador de alarma social, una llamada a la acción inmediata, un insulto a la inteligencia. Y sin embargo, es precisamente la situación que estamos viviendo ahora mismo sin que ningún político se despeine por ello. De repente, hemos caído en que tenemos un Gobierno y un Parlamento tan absoluta y radicalmente irresponsables que son capaces de otorgar un poder omnímodo a la más impopular y odiada de las asociaciones, la SGAE, para poder exigir a los prestadores de servicios que cierren toda página web que no cumpla rígidamente con los preceptos de su religión.
En términos técnicos, la SGAE ha intentado introducir lo que llamaríamos una "puerta trasera" o back door en el articulado de la ley: retorciendo de manera completamente artera y malintencionada los plazos, han conseguido introducir un artículo, el 17bis, tan tardíamente en el proceso que han conseguido evitar, de hecho, su supervisión por parte de los sectores afectados o del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones. Para hacerse una idea de la gravedad de este asunto, basta ver el artículo y algunos extractos del Dictamen del Consejo de Estado al respecto de la introducción de dicho artículo.
¿En manos de quién estamos? ¿Qué debemos pensar de una SGAE que recurre a semejantes artimañas legales para conseguir autonombrarse Inquisidor General, más de quinientos años después de Fray Tomás de Torquemada? ¿O a comprar voluntades de jueces mediante donativos? ¿Y del proceso que permite que este tipo de siniestras acciones tengan lugar? ¿Qué opinar de quien pretende subvertir el desarrollo de una reforma legislativa para introducir en ella, completamente a traición, una puerta falsa que le permite convertirse en juez, suplantando a los mismísimos jueces en decisiones que antes estaban reservadas a éstos?
El suceso es tan grave que debería servir de botón de muestra para alertarnos a todos de los modos y maneras que en este país se permiten a aquellos que son "amigos del poder": ¿qué es la ley para la SGAE? Algo que puede ser cambiado a su antojo, modificado a petición para introducir elementos tan aberrantes como un subsidio o sopa boba llamado canon digital. La ley es algo que la SGAE puede retorcer mediante procedimientos siniestros y oscuros para convertirse en el vigilante, el juez, el que tiene poder omnímodo para cerrar toda aquella página sospechosa: como en los tiempos de la Inquisición, donde todo aquel que osase hablar en contra de la Inquisición era considerado sospechoso de propagar herejías.
Lo sucedido con el artículo 17bis es algo gravísimo, ya no porque vaya a ser incorporado en la futura ley –confiemos, aunque tal vez sea mucho confiar, en el sentido común de los elementos decisores del proceso–, sino por la pasmosa demostración que supone de toda una forma de actuar, una manera de entender la vida, un repugnante "vale todo" que la SGAE lleva ejerciendo desde que una clase política interesada en llevarse bien con elementos de elevada visibilidad social tuvo a bien otorgarle las prebendas para ello.
El papel central que la SGAE, sin duda uno de los principales responsables del retraso tecnológico español en virtud del miedo que inspira a los usuarios, está teniendo en el desarrollo de las leyes destinadas a gobernar el funcionamiento de Internet es tan prominente, tan relevante, que se diría que la ley se construye perfectamente a su medida, por encargo, como quien pide una pizza sin moverse de casa: "póngame un poco de canon, otro poco de sanciones desmedidas, un mucho de discurso demagógico de 'protección de la cultura' con ración doble de campaña publicitaria y, por supuesto, no espere que yo pague la pizza... que nos la pague el contribuyente rascándose por decreto su bolsillo."
¿A quiénes sirven los que están al mando de esa comisión? Desde luego, no al interés general, no a la voluntad de la sociedad. No va en interés de la sociedad otorgar a la zorra el control de lo que ocurre en el gallinero. No parece que a los usuarios de Internet les beneficie en modo alguno que de repente aparezca alguien dotado de omnímodo poder para realizar autos de fe en los que se decidan qué páginas son buenas y cuáles son malas, quiénes pueden seguir viviendo y quiénes deben morir en la pira purificadora. En Internet no vale todo, pero lo que no vale debe decidirlo un juez, no una sociedad con las características, modos y maneras puestas de manifiesto por la SGAE. Otorgar a la SGAE ese poder es algo que provoca directamente alarma social.
Lo ocurrido en la tramitación de la reforma del Anteproyecto de Ley 34/2002 con la introducción subrepticia del artículo 17bis es una tropelía, un atropello, un intento de engaño pretendiendo reinstaurar la versión moderna de la Inquisición Española, pero no al servicio de la fe católica, sino al de la religión del copyright. Una muestra de hasta que punto pueden la política y las leyes ser influenciadas por los turbios intereses económicos de los que quieren vivir del cuento, del canon, de cantidades hurtadas de nuestro bolsillo cuando queremos adquirir tecnología. En España, en pleno siglo XXI, algunos pretenden resucitar a Fray Tomás de Torquemada.
