De haberse seguido las instrucciones del juez Manuel Marchena, la abogada del Estado Rosa María Seoane aún no habría acabado de leer el listado de los documentos, vídeos, mensajes de Twitter y recortes de prensa que su parte municiona como pruebas de cargo contra los acusados por el golpe de Estado. Sesión técnica, plúmbea, maciza en el Tribunal Supremo. La más sosa hasta el momento a la espera de la emisión de los vídeos sin comentarios de las partes. Una pedrada de la que han desconectado hasta los más fans del proceso.
La fiscal Consuelo Madrigal arranca con la relación de papeles, agendas, vídeos y demás material provisto por el ministerio público. Marchena pretende que acusaciones y defensas sigan al pie de la letra el procedimiento relativo a la práctica de la prueba, que en el caso documental incluye la relación oral de todo aquel material probatorio que las partes consideren de interés o pretendan impugnar.
El TS y la vida real
En el plano procesal, todo lo que pasa en el Tribunal Supremo (TS) es lo que no ocurre en la vida real de los tribunales, donde se tiende a evacuar por la vía rápida los trámites más enojosos. Es a lo que están acostumbrados jueces, fiscales y letrados. Por eso parece tan extemporánea la intervención de la fiscal, que además se traba, se atasca, mueve papeles de manera nerviosa, se lía con las páginas y hasta se desconcierta a sí misma. Pide ayuda a Marchena, le suplica con la mirada, pero el juez le contesta impasible que su función no es decirle a la Fiscalía lo que debe hacer.
El magistrado es duro e inflexible con las partes, pero en especial con las acusatorias. Lleva a los fiscales y a las abogadas del Estado por la calle de la amargura. No les pasa ni una. Aplica el juez una política de garantías procesales absolutas. Quiere un juicio modélico, impecable, la imparcialidad en estado puro, un proceso irrebatible en Estrasburgo. En ese contexto, las defensas tienen un margen de maniobra mucho más amplio que los fiscales, circunstancia que el juez interpreta con máximo rigor. Nadie podrá decir que esté en sintonía con sus excompañeros de la carrera fiscal.
La lectura de Seoane
Vistas las circunstancias, la abogada del Estado se resigna a leer noventa folios. Lleva unos veinte cuando el juez dicta el habitual receso del mediodía. De vuelta, el abogado Javier Melero, que defiende al exconsejero de Interior Quim Forn, pide la palabra para darse por instruido sobre las pruebas. Se suman el resto de letrados. Una hora de recitado de Seoane ha sido suficiente.
Turno para las defensas, que lo impugnan todo, en especial el material procedente del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, en gran parte relativo al asedio de la consejería de Economía del 20 de septiembre, las agendas y el documento "Enfocats" de Josep Maria Jové, alto cargo de Junqueras.
Los no vídeos
A las cinco se levanta la sesión y no se ha visto todavía ni un vídeo. Son cientos, la mayoría del 1-O. Dista de estar claro cómo pretende Marchena despachar su visionado en tres días. Además de un senador y cuatro diputados, ahora hay un concejal en la sala, el antedicho Forn. Junqueras renunciará al acta del Congreso por la de eurodiputado. Se acerca el momento de los alegatos y las últimas palabras y se prevén mítines kilométricos de los procesados.