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La Generalidad evita informar en español sobre ayudas, pensiones y prestaciones básicas

Las webs de la administración autonómica discriminan a los castellanohablantes y les hurtan información sensible.

La Generalidad evita informar en español sobre ayudas, pensiones y prestaciones básicas
El presidente de la Generalidad, Pere Aragonés. | EFE

La Generalidad y el parlamento de Cataluña incumplen todas las leyes relativas al acceso a la información y a la transparencia en sus webs y han convertido la desigualdad de trato entre el catalán y el español en una de sus premisas, según detalla un informe de la organización constitucionalista Impulso Ciudadano. Dicho documento apunta que "la supremacía de la lengua catalana en el dominio '.cat' de las instituciones, además de notoria, es segregacionista, irrespetuosa y, sobre todo, discriminatoria con los derechos lingüísticos de las personas que quieran relacionarse con la administración en castellano o en aranés".

Las prácticas digitales de la administración autonómica, además de la ignorancia, el maltrato y la desconsideración hacia el español y el aranés, idiomas oficiales en la región junto al catalán, tiene como consecuencia principal que sólo se informa en catalán de asuntos tales como los trámites para solicitar ayudas a dependientes, pensiones no contributivas, renta mínima garantizada y otras prestaciones sociales básicas.

El documento de Impulso Ciudadano detalla que "otra práctica perversa es anunciar en español convocatorias de plazas para cuerpos docentes o cuerpo de bomberos enlazando al desarrollo de la convocatoria solo en catalán. O dejar en blanco la página en español sobre actividad de los Mossos o la web de la Sala de Prensa del Govern sin actualizar los contenidos en castellano publicándolos con dos meses de retraso".

La discriminación contra el castellano y el aranés incluye también al funcionamiento de la aplicación "La meva Salut" (de la consejería de Sanidad y donde se piden las citas con el doctor de cabecera o en la que se incluye el pasaporte Covid). El informe incluye también irregularidades en las páginas que informan sobre la normativa de seguridad vial, el impuesto de transmisiones patrimoniales, las opciones para las personas en situación de pobreza energética o el acceso al plan de recuperación "Next Generation".

Denuncia de Hablamos Español y Convivencia Cívica

Por otra parte, las entidades Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana han denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a la Generalidad por ofrecer asistencia jurídica a los docentes que se nieguen a acatar las sentencias relativas al 25% de español en el horario lectivo. Piden al TSJC que declaren nulo el acuerdo del Govern como paso previo a exigir responsabilidades penales si se destina dinero público para financiar el incumplimiento de las sentencias o coaccionar a las entidades que se oponen a la imposición lingüística.

Según estas organizaciones, el acuerdo de la Generalidad es nulo por dos motivos: "porque se dicta para incumplir una sentencia firme y se acuerda destinar dinero público para fines particulares". Además, consideran gravísimo que se utilice la administración de la Generalidad y sus recursos para amenazar a las entidades que defienden los derechos de los castellanohablantes con acciones de todo tipo (penales, administrativas "y otras"), según apuntó el gobierno regional la semana pasada.

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