La entidad constitucionalista catalana Impulso Ciudadano ha elaborado un manifiesto en el que pide a los partidos que concurren a las elecciones municipales y autonómicas que se pronuncien sobre aspectos como la Constitución, la normativa sobre símbolos oficiales, la violencia política y la vulneración de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes en las comunidades con dos lenguas cooficiales.
Las organizaciones constitucionalistas catalanas Cataluña Suma por España, Asociación por la Tolerancia, Empresaris de Catalunya y Movimiento Cívico Espanya i Catalans se han sumado a un documento en el que se destaca "la crisis institucional que está sufriendo nuestro país, especialmente a raíz de la presión y condicionamientos que ejercen en los gobiernos locales y autonómicos las formaciones nacionalistas y populistas. Esta presión también afecta al gobierno de la Nación".
El documento hace hincapié además en que "algunas administraciones relevantes alardean del incumplimiento de la ley, de debilitar a las altas instituciones del Estado, de desprestigiar la labor de jueces y tribunales y de abonar la desobediencia a las resoluciones judiciales. Todo ello en un marco en que se sigue cuestionando la integridad territorial de España y que, incluso, lleva al gobierno de la Nación a articular insólitos mecanismos como la Mesa de negociación con el gobierno autonómico catalán para abordar propuestas que no tienen encaje en la Constitución".
Ataques contra el idioma español
También se subraya "la relativización e incluso legitimación de la violencia política por parte de algunas formaciones políticas como herramienta para eliminar al adversario político" y "la vulneración sistemática de los derechos lingüísticos en ciertas Comunidades Autónomas con cooficialidad lingüística. En este sentido, se suelen destacar los excesos identitarios en Cataluña o el País Vasco, intensificados con sus nuevos regímenes lingüísticos educativos. Por desgracia, esos modelos se están expandiendo en otras áreas territoriales, de manera que se está generalizando un sistema escolar monolingüe que expulsa al español de la escuela por dos vías: a) exclusividad de la lengua cooficial "propia" que pasa a tener carácter único o preferente como lengua vehicular, b) eliminación de la materia de Lengua Castellana y Literatura al disolverla en los ámbitos globalizados de materias que ampara la LOMLOE".
El texto apunta además que la vulneración de los derechos lingüísticos de la mayoría de la sociedad española "genera inseguridad jurídica, vulnera derechos individuales de los alumnos y contribuye al fracaso escolar" y que "la exigencia de requisitos lingüísticos desproporcionados para acceder a la función pública autonómica y local se está convirtiendo en una barrera infranqueable para los ciudadanos españoles y europeos".
Constitución y lealtad institucional
Así, Impulso Ciudadano y las demás organizaciones citadas exigen a los partidos "respeto y acatamiento de la Constitución" y apuntan que "el juramento o promesa de fidelidad en el momento de acceder al cargo de las nuevas autoridades no es una mera fórmula protocolaria sino la asunción de una obligación pública hacia el conjunto de los ciudadanos".
La "lealtad institucional" es otra de las peticiones y se basa en que "la fortaleza del Estado es la fortaleza de los derechos y libertades garantizadas a través del ordenamiento jurídico. Por ello, las autoridades deben trabajar con probidad con el resto de los poderes del Estado y evitar la confrontación desleal. Abogamos por aplicar medidas que favorezcan y garanticen la colaboración entre Administraciones y corrijan las normativas que la debilitan", se apunta en el texto.
También se piden "gobiernos para todos". "Los gobiernos locales y autonómicos que surjan de las urnas deben trabajar para el bien común como principio esencial democrático y hacer explícito en sus actuaciones que gobiernan para todos, no para un grupo o para la mayoría. Para ello, deben renunciar en sus prácticas al sectarismo, la discriminación o el odio contra el discrepante o el diferente. Pedimos que todos se comprometan a garantizar la participación, en igualdad de condiciones, de todos aquellos que quieran aportar", destaca el manifiesto.
El rechazo de la violencia política y el cumplimento de la normativa sobre símbolos oficiales son otros de los aspectos que destaca un texto que concluye con un llamamiento a respetar los derechos lingüísticos de los españoles en estos términos: "España dispone del español o castellano como lengua oficial en todo el territorio nacional y hay Comunidades Autónomas y comarcas con cooficialidad lingüística. Las Administraciones deben garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos, atenderles en la lengua oficial de su elección y emplear con normalidad las lenguas oficiales. En relación con el régimen lingüístico escolar, todas las Administraciones educativas implicadas (estatal, autonómica y municipal) deben garantizar que el español sea lengua vehicular y de aprendizaje en equilibrio con la otra lengua cooficial".