El Partido Popular ha registrado en el Congreso una proposición de ley para modificar el artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con el objetivo de acelerar la incorporación de nuevos jueces a la carrera judicial. La iniciativa se alinea con una propuesta aprobada por unanimidad por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado mes de marzo.
La reforma que plantea el PP busca modernizar el modelo de formación inicial de los jueces, de forma que se coordinen simultáneamente la formación teórica y práctica con las prácticas tuteladas. Además, propone eliminar trámites que considera sin valor formativo y reducir los plazos de acceso a la carrera judicial, manteniendo la calidad del proceso de formación.
Desde el Partido Popular sostienen que el objetivo es mejorar la planificación del sistema de acceso y evitar retrasos en la incorporación de nuevos jueces. También defienden que las plazas deben ir acompañadas de un refuerzo de medios humanos y materiales en la Administración de Justicia.
Sin nuevas incorporaciones hasta 2028
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha criticado la gestión del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al que acusa de anunciar medidas que, según denuncia, no se están materializando.
Gamarra ha señalado que, cinco meses después de los anuncios realizados por el Ministerio, las plazas prometidas de jueces y fiscales no se han hecho efectivas. Según el PP, el proceso selectivo no concluirá antes de un año y las nuevas incorporaciones no llegarán, como mínimo, hasta 2028.
La dirigente popular ha subrayado que el acceso a la carrera judicial requiere procesos selectivos largos, formación especializada y una adecuada planificación de recursos. En este sentido, ha advertido de que precipitar convocatorias sin crear previamente las plazas necesarias puede generar "inseguridad" en el sistema.
El PP contrapone su propuesta con lo que califica de "improvisación" del Ministerio de Justicia y acusa a Bolaños de realizar anuncios sin ejecución efectiva. Además, sostiene que la política del Gobierno en este ámbito está generando retrasos y malestar en la Administración de Justicia.