El Ministerio de Justicia de Félix Bolaños ha convocado 700 nuevas plazas de jueces y fiscales, una cifra demandada por las asociaciones de jueces y fiscales ante el atasco judicial que vive el país.
El pasado mes de marzo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, adquirió el compromiso de convocar 500 nuevas plazas de jueces en junio, como se lo trasladó a la portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Marien Ortega. Se trata de la primera parte del compromiso, ya que Bolaños adelantó a la misma asociación que su intención era convocar otras 500 plazas de magistrados en los próximos tres años para que la Justicia contase con 1.000 jueces más en 2030.
Según se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ministerio de Justicia ha convocado 700 plazas divididas en: 575 para jueces y fiscales por oposición más 125 de magistrados por el cuarto turno para juristas con más de 10 años de ejercicio. El ministro socialista ha calificado esta ampliación como "la mayor transformación de la Justicia en décadas", lo que supone "un auténtico hito histórico".
Una Ley de eficiencia poco eficiente
La citada medida se encuadra en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un nuevo modelo organizativo considerado "más eficiente" por el Ministerio. Aun así, este ha presentado severas dificultades, según trasladó la citada asociación a Bolaños en la reunión mantenida en marzo, en los tribunales de instancia.
En este sentido, desde la asociación pidieron a Bolaños que cree una comisión de seguimiento para evaluar dónde están funcionando mejor los cambios y la digitalización del proceso judicial con el objetivo de implantar un modelo generalizado basado en aquellos que mejor estén funcionando.
Sin embargo, por el momento, desde la asociación destacan que las herramientas tecnológicas que se están implantando "son muy mejorables" y que están generando numerosos problemas. En concreto, ejemplifican que el sistema informático que se ha implantado en Andalucía "da muchísimos problemas porque no funciona bien, a veces se cuelga y paraliza el sistema de gestión procesal" consiguiendo lo contrario a su objetivo, que es agilizar la Justicia. Como otro ejemplo, destacan que la parte de instrucción penal no se encuentra digitalizada en absoluto en los Juzgados de Instrucción de Barcelona. "Es esencial conseguir la modernización de los tribunales de instancia y partir de la base de que tienen que funcionar rápido y bien", ha destacado.