Que un hombre haya tenido la ocasión de dejar su apellido en el lenguaje político, ya es de nota. Prevarigalupar, que une la cosa esa de prevaricar, que cuando se aplica a un jurista es de traca, al apellido Bacigalupo, es mucho más que una gracieta de un plumilla: es un señalamiento con el dedo acusador precisamente a alguien a quien ni su formación ni su tendencia política le deberían haber conducido a esa espesa mancha imborrable.
La historia es conocida. El entonces juez Javier Gómez de Liaño fue condenado por el delito continuado de prevaricación dolosa por un Tribunal presidido por el propio Enrique Bacigalupo, y compuesto por Gregorio García Ancos, ponente, y por José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez que, en voto particular, negó que la conducta del encausado pudiera calificarse como prevaricación dolosa. Por dos a uno se impuso la condena. ¿Cuál fue su "delito" real? El pecado verdadero que cometió Gómez de Liaño, según sus implacables perseguidores, fue osar enfrentarse a los presuntos delitos cometidos por el grupo económico y político dirigido por Jesús de Polanco bajo la batuta de Juan Luis Cebrián, en el diario El País y la Cadena Ser, entre otros hilos de su tela de araña.
Este juez campeador contempló los delitos de estafa, falsedad y apropiación indebida relacionada con unos 23.000 millones de pesetas depositados como fianza por los abonados de Canal Plus, propiedad prisaica. Para que sirviera de lección, Gómez de Liaño fue condenado por prevaricación en una escandalosa sentencia que lo apartó de la carrera judicial.
No acabó ahí la cosa, porque mucho después de 1999, año de su condena, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció en 2008 que el tribunal presidido por Bacigalupo no fue ni podía ser objetivamente imparcial porque los mismos magistrados que lo componían ya habían valorado elementos de la causa en fases anteriores del procedimiento. Como eran muy cualificados expertos en Derecho Penal, resulta imposible que hubieran pasado por alto tan indecorosa circunstancia. O sea, que aunque no se admitió que prevaricaron dolosamente, sí que prevarigaluparon, como bautizó su bochornoso comportamiento Federico Jiménez Losantos con ironía sangrante. ¿Qué significaba prevarigalupación? Politización infame de la Justicia que conduce a la prevaricación descarada pero impune.
Otro neologismo vaya por delante. Bacigalupaciones, esto es, cavilaciones sobre Bacigalupo, Enrique, en este caso, sobre sus misterios. Sobre todo por tres. Uno, su nacimiento. Dos, su fulgurante ascenso en la universidad y la magistratura de la mano de Luis Jiménez de Asúa, socialista que presidió la Comisión Parlamentaria que elaboró la Constitución republicana de 1931, que fue, cómo decirlo, su verdadero padre académico y político en Argentina primero y en España después. El último, su vinculación directa con el peronismo argentino.
El primer enigma es notable. Naturalmente, Enrique Bacigalupo Zapater tuvo padre y madre, pero aún hoy se desconocen por completo sus nombres. Alguna vez se refirió a su madre y le dedicó un libro, pero sin decir ni incluir su nombre. De su padre tampoco se sabe nada. Es una persona sobrevenida a la vida, privada y pública, sin referencias conocidas de su familia. Ni siquiera las crónicas funerales escritas tras su reciente fallecimiento mencionan sus orígenes familiares. No se diga que no es raro. Naturalmente, tal circunstancia ha motivado toda clase de especulaciones acerca del por qué de la omisión y de qué familias procedía. Que si fue fruto de la infidelidad en unos u otros matrimonios, que si un pobre chaval adoptado, que si una cosa que si otra, pero de pistas e indicios ciertos, ninguno. Y sigue sin aclararse. Asombroso.
Muchos consideraron sospechosa su relación altamente privilegiada con Luis Jiménez de Asúa, desde luego su padre intelectual. Exiliado tras la Guerra Civil española en Argentina, allí admitió como ayudante en su departamento de Derecho Penal a un joven Enrique Bacigalupo cuando éste ni siquiera había terminado la carrera, algo muy anómalo. Si además influyó en los socialistas españoles para que beneficiaran a quien se presentaba como exiliado de la dictadura militar argentina en 1978, fecha en la que se estableció en Madrid procedente de Alemania, pues eso.
De enseñar Criminología en la Complutense en 1978 a entrar como letrado en el Tribunal Constitucional, sólo pasaron cinco años. Un año después ya era Catedrático de Derecho Penal en Barcelona y en 1988 el Consejo General del Poder Judicial lo eligió como magistrado de la Sala Segunda del Supremo por ser un jurista de prestigio. En sólo diez años. Vertiginoso.
Finalmente, digamos que, aunque afirmó haber sido perseguido por la triple A de José López Rega, peronista radical, participó en el gobierno del también peronista Héctor Cámpora, compañero de gabinete del "Brujo" en el tiempo de Isabel Martínez de Perón. Lo ha recordado, breve aunque certeramente, su víctima, Javier Gómez de Liaño, en su bondadosa necrológica.
Sí, debería haber Juicio Final. Todo se aclararía. De algunos de estos polvos, proceden muchos lodos que no pudo recoger Jiménez de Asúa en su Crónica del crimen.