La UCO sospecha que la trama Sepi pudo ocultar sus activos en criptomonedas

La Unidad Central Operativa (UCO) contempla la posibilidad de que la trama SEPI ocultara parte de sus activos en criptomonedas en el marco de la investigación que versa sobre las presuntas mordidas cobradas por el clan Hirurok —"nosotros tres" en vasco: Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso— a cambio de adjudicaciones públicas a dedo.

Los mencionados integrantes del clan Hirurok se encuentran investigados en una macrocausa de supuesta corrupción que investiga si las tres personas vinculadas al PSOE obtuvieron rédito económico a cambio de su influencia en la Administración Pública. Mayoritariamente, sus operaciones habrían estado vinculadas a la licitación de contratos y ayudas por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero y de la que fue presidente Vicente Fernández.

Según un oficio de la UCO firmado el día 2 de junio de 2026 al que ha tenido acceso Libertad Digital y en el que la Unidad pedía el registro de varias empresas, entre ellas Tubos Reunidos, los agentes Solicitaban autorización para actuar en caso de encontrar activos en criptomonedas. Esto es, la UCO contemplaba que los investigados podrían haber mantenido sus activos en carteras digitales, una forma de inversión que complica el rastreo y la trazabilidad de su patrimonio.

"En lo que respecta a criptomonedas, criptodivisas o cualquier tipo de moneda o activo virtual, se solicita autorización judicial para el acceso, visionado y análisis de las diferentes plataformas (exchanges), que se localicen en los dispositivos informáticos hallados durante la entrada y registro. En el caso de que se considere pertinente, se solicita autorización para transferir los fondos (en formato criptomoneda o FIAT) de dichas billeteras virtuales a otras billeteras que permitan su aseguramiento y control por parte de la fuerza policial actuante", explica el oficio de solicitud de medidas urgentes entregado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

En este sentido, ahonda en esta posibilidad: "Para ello, y en base a cuestiones técnicas y operativas, se podrá articular el procedimiento estimado por la fuerza policial, debiendo dejar constancia en el acta extendida por el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) del procedimiento seguido en todo caso y, una vez finalizadas las actuaciones de aseguramiento, las correspondientes wallets o billeteras generadas por parte de la fuerza policial actuante para el control de los criptoactivos serán entregadas bien como hardware wallet (billetera fría) o como frases semilla para su posterior restauración y control de los fondos a la autoridad judicial".

La Audiencia Nacional cuenta con varios precedentes de investigaciones en las que los imputados mantenían sus activos en criptomonedas, lo que ha dificultado en ocasiones la trazabilidad de los mismos debido a la dificultad de demostrar quién es el propietario de la riqueza. Según han apuntado fuentes jurídicas a Libertad Digital, para ahondar en investigaciones con este tipo de activos suele ser una dificultad la necesidad de cooperación internacional.

Los investigadores también previeron que los imputados podrían haber guardado información relevante para el caso en elementos informáticos: no solo en discos duros y soportes físicos, sino también en nubes y dispositivos de almacenamiento online.