Políticos y medios de comunicación se debaten hoy entre si lo realmente insólito es la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la reforma del sistema de elección de los magistrados o el asalto a la Justicia que Pedro Sánchez pretendía -y pretende, porque la batalla continúa- perpetrar para seguir colonizando las instituciones. Para poder emitir un veredicto, no obstante, es fundamental entender de dónde venimos y hacia dónde vamos o, lo que es lo mismo, cuál es el origen del conflicto y por qué y para qué el Ejecutivo había dado este último golpe de timón.
¿Qué es lo que realmente ha paralizado el Tribunal Constitucional?
El Tribunal Constitucional ha decidido suspender la tramitación en el Senado de las enmiendas con las que el Gobierno pretendía cambiar el sistema de elección de los magistrados del propio TC hasta que se decida sobre el recurso de amparo presentado por el Partido Popular. El Ejecutivo busca acabar con la norma que establece que la renovación ha de hacerse por pares y que, por tanto, vincula el nombramiento de sus magistrados a los del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero, además, suprimía la necesaria mayoría de tres quintos para que este nombre a los suyos.
El recurso registrado en el TC, sin embargo, no pone en entredicho la constitucionalidad de la reforma, sino la vía elegida para llevarla a cabo, ya que, al introducirse en una enmienda a otra ley que nada tiene que ver con el asunto —la que elimina el delito de sedición—, no ha de someterse al debate parlamentario, ni contar con los informes preceptivos del CGPJ, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal que, sin embargo, sí requeriría un proyecto de ley independiente.
¿Cuáles son los argumentos esgrimidos por el TC?
El Pleno del TC ha acordado por 6 votos a favor (bloque conservador) y 5 en contra (bloque izquierdista), suspender de forma cautelar la tramitación parlamentaria al considerar que el riesgo que se plantea es de "relevante y general repercusión social", ya que "el Parlamento no puede desconocer los derechos de las minorías parlamentarias que también son parte de la representación del pueblo español".
En este sentido, el Constitucional considera que el avance de dicha tramitación sin esperar a un pronunciamiento de fondo causaría un daño de difícil reparación a los diputados y senadores del PP, privándoles de un debate en regla sobre la reforma —que ya no podría llevarse a cabo en ningún caso— y, por tanto, del derecho a la participación política que ejercen en nombre de sus votantes. De ahí su decisión de aprobar las medidas cautelares solicitadas por el PP y paralizar su tramitación de forma preventiva.
¿Sólo la derecha defiende esta postura?
No. De hecho, la propia letrada del Congreso de los Diputados asignada a la Mesa de la Comisión de Justicia ya advirtió de la posible inconstitucionalidad de tal maniobra, que llegó a calificar de antijurídica al considerar que las enmiendas presentadas para tratar de reformar el sistema de elección de los magistrados del TC no tenían una "conexión material" ni guardaban una "relación de homogeneidad mínima" con la proposición de ley en la que se habían introducido. Así lo recogió el PP en su propio recurso.
Pero, es más, durante el Gobierno de Aznar, fue el PSOE el que defendió que esta maniobra era inconstitucional. Por aquel entonces, el PP enmendó la Ley de Arbitraje para introducir un nuevo delito, el de la convocatoria ilegal de consultas populares vía referéndum, con el objetivo de parar el Plan Ibarretxe. Los senadores socialistas recurrieron al TC y éste les acabó dando la razón por haberse aprobado sin guardar conexión con la ley que se tramitaba, exactamente lo mismo que sucede ahora.
¿Es cierto que hay dos magistrados que tienen su mandato "caducado"?
Su mandato no está caducado, sino que está prorrogado por no haberse renovado todavía. De hecho, el propio artículo 17.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional les obliga a no abandonar sus puestos en tanto no hayan sido sustituidos. Es decir, que no solo pueden, sino que tienen que seguir haciendo su trabajo.
Según explica el catedrático de Derecho Constitucional Carlos Flores Juberías, "la prórroga del mandato tiene por objeto impedir que el Tribunal quede paralizado por la desidia de los partidos que deben procurar su renovación. Sin esta fórmula, sencillamente, no habría Tribunal Constitucional si los partidos no quisieran que lo hubiera". En todo caso, no serían solo dos magistrados los que estarían en esta situación, sino cuatro.
Como veo a mucho hiperventilado dispuesto a lanzarse a las calles para parar el golpe judicial de la derecha y de paso hacer la Revolusión. Y como yo pienso igual que José Mota, que si hay que ir se va, pero ir pá ná es tontería... Allá van algunas precisiones.
— Carlos Flores Juberías (@FloresJuberias) December 20, 2022
Abro hilo
¿Por qué sólo se ha tratado de recusar a dos magistrados?
PSOE y Unidas Podemos únicamente solicitaron la recusación del presidente, Pedro José González-Trevijano, y de Antonio Narváez. Sin embargo, hay otros dos magistrados que también deberían haber sido sustituidos el pasado mes de junio: Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol Ríos. La razón por la que los partidos de Gobierno únicamente recusan a los dos primeros es porque esos fueron los nombrados por el Gobierno de Mariano Rajoy y, por tanto, a los que les tocaría sustituir a ellos.
Llama la atención que se prejuzgue su interés en la causa que nos ocupa, cuando los sustitutos que plantea el Ejecutivo tienen un perfil mucho más político: Juan Carlos Campo, exministro de Justicia con Pedro Sánchez y Laura Díez, exasesora de Pujol y favorable a burlar la sentencia del 25% de español. Con su nombramiento, el Tribunal Constitucional cambiaría totalmente el reparto de poderes, ya que los progresistas pasarían a tener la mayoría y, por tanto, podrían blindar tanto las leyes más polémicas del Gobierno como las promesas que éste ha hecho y puede seguir haciendo a Bildu y ERC.
¿El Gobierno tenía otra alternativa legal para aprobar esta reforma? ¿Por qué ha optado por esta?
Tal y como ha señalado la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, el Gobierno podría haber aprobado dicha reforma a través de un proyecto de ley, ya que cuenta con mayoría suficiente para hacerlo. Sin embargo, al aprobarla vía enmienda, se ahorra el debate parlamentario y los informes preceptivos del CGPJ, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal, quienes ya se han mostrado muy críticos con algunas de las leyes más polémicas de esta legislatura. Además, si hubieran optado por el proyecto de ley, la modificación se hubiera retrasado y habría empañado la precampaña de las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo.
¿Qué papel juega ahora la proposición de ley de Más País?
Tras conocer que el Tribunal Constitucional paralizaba la tramitación de la reforma del sistema de elección de los jueces, el partido de Íñigo Errejón anunció que presentaría una proposición de ley en el mismo sentido a fin de que, de una forma u otra, la modificación saliera adelante. Al ser un partido político ajeno al Gobierno—y no tratarse, por tanto, de un proyecto de ley— éste se ahorrará los informes de órganos consultivos y evitará cualquier posible crítica por parte de ellos.
¿Por qué el CGPJ no elige a sus magistrados?
Simple y llanamente porque no se ponen de acuerdo. Los vocales del CGPJ son elegidos por los partidos políticos, por lo que también aquí se distinguen dos bloques: el conservador y el progresista. Sin embargo, la elección de magistrados para el Tribunal Constitucional exige una mayoría de tres quintos, lo que obliga a ambos bloques a ponerse de acuerdo. Detrás de la incapacidad para hacerlo se esconde la pugna que mantienen desde hace años para la propia renovación del CGPJ.
¿Quién bloquea realmente la renovación del CGPJ?
El pasado 3 de diciembre, se cumplieron cuatro años del bloqueo del órgano de Gobierno de los jueces. El mandato de sus vocales debía expirar en 2018. Sin embargo, desde entonces, PSOE y PP no han llegado a un acuerdo y se han venido culpando mutuamente.
Tras la renuncia del juez Manuel Marchena a presidir el CGPJ, a comienzos de 2021 el principio de acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista parecía estar más cerca que nunca. Sin embargo, en el último momento, las negociaciones se rompieron después de que el PSOE optase por proponer como vocales a dos jueces que sabía perfectamente que la oposición no aceptaría bajo ningún concepto. De un lado, José Ricardo de Prada, el azote del PP en la trama Gürtel y al que se le achacan algunas de las frases más duras de la sentencia que acabó propiciando la moción de censura contra Mariano Rajoy. De otro, la que fuera diputada de Podemos Victoria Rosell.
El Gobierno optó entonces por iniciar su particular chantaje al principal partido de la oposición y, con el objetivo de añadir más presión al PP, aprobó una ley que impedía a un CGPJ en funciones realizar nombramientos. De esta forma, si no se avenía a desbloquear el órgano de Gobierno de los jueces, le culparía de provocar la parálisis de los tribunales. El chantaje no funcionó como pensaba y Sánchez pronto se dio cuenta de que dicha ley le acabaría perjudicando, ya que el CGPJ en funciones tampoco podría renovar los cargos del Tribunal Constitucional, una renovación absolutamente necesaria para consumar su viraje progresista y garantizar así las pretensiones independentistas de sus socios de ERC y Bildu.
Ante esta disyuntiva, el Gobierno sorprendía el pasado mes de junio con una nueva ley que venía a corregir la anterior con una excepción: el CGPJ en funciones seguiría sin poder hacer nombramientos, salvo los que más interesaban al Ejecutivo: los relativos al Tribunal Constitucional. Cuando ha visto que tampoco eso ha funcionado, es cuando ha optado directamente por reformar el sistema de elección de los jueces.
¿Qué dice el Consejo de Europa?
Desde hace años, las instituciones europeas han venido reclamando al Gobierno que cambie el sistema de elección de los vocales del CGPJ para acabar con la "percepción de politización". Así, el Consejo de Europa insiste en que sean los jueces los que elijan a sus miembros, en consonancia con los estándares europeos, una propuesta asumida por el Partido Popular con Pablo Casado como presidente y a la que el Gobierno, por boca de Félix Bolaños, se opuso radicalmente.
Este martes, además, la Comisión Europea ha mostrado su apoyo al Tribunal Constitucional y ha pedido al Gobierno que actúe "acorde a las reglas", haciendo especial hincapié en la necesidad de consultar a las partes implicadas como los órganos de jueces, los fiscales o incluso a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. Es decir, justo lo que el Gobierno no había hecho.