La aparición de las sociedades de la familia de María Gámez en el contrato de 36,1 millones de euros de Santana Motor no fue casual. El convenio inicial que debía marcar los límites de la utilización del dinero fue "falsificado" -según la expresión literal utilizada en el sumario judicial-, precisamente, para poder albergar a otras sociedades que no fuesen estrictamente la inicialmente ayudada: Santana Motor. La modificación se conoció como Convenio Massif y la ordenó a finales de 2008 la misma Consejería en la qua había trabajado hasta ese mismo año María Gámez. De hecho, esa Consejería era de la que dependía la Agencia Idea que materializó los pagos y llevó la gestión directa del programa de ayudas.
La misma Consejería elaboró el Plan de Acción 2008-2012 por el que se rigió la entrega del dinero a los distintos beneficiarios. Y, como colofón, la salida de María Gámez de su responsabilidad directa en esa Consejería en mayo de 2008 no fue realmente una pérdida de control sino más bien lo contrario: ella pasó de ser la delegada de la citada Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en Málaga a ser la delegada de toda la Junta socialista de Andalucía -con lo que no perdió el control sino que elevó su autoridad- y, además, la sustituta al frente de ese mismo papel en la Consejería fue una compañera de Gámez.
En mayo de 2008 María Gámez Gámez pasó de ser delegada en Málaga de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa a delegada de todo el Gobierno regional. La sustituyó en su anterior cargo Pilar Serrano Boigas, prácticamente de la misma edad, de la misma carrera (Derecho), de la misma Universidad de Málaga, del mismo partido y, además, hasta ese momento, directora de Gabinete de la Alcaldía del Ayuntamiento malagueño de Benalmádena, cuando Gámez era delegada de la Consejería en Málaga. Es más, previamente, Serrano había sido coordinadora provincial de la Red Territorial de Apoyo al Emprendedor de la Consejería de Innovación, cargo que ostentó hasta 2007 y en el que tenía que coordinarse con Gámez, que estuvo como delegada de esa Consejería en Málaga entre 2004 y 2008.
El sumario del caso Santana Motor relata irregularidades muy llamativas en el convenio que se firmó justo por esas fechas y que permitió la entrega de 36,1 millones de euros. "Las irregularidades observadas atañen a tres cuestiones distintas, que de forma somera se exponen a continuación", señala el texto. Una de ellas es el "Convenio MASSIF": "Se detecta la modificación de un Convenio entre la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (en adelante, la CICE) y la Agencia IDEA, que de facto transforma préstamos ordinarios en participativos, y por tanto en ayudas de Estado a fondo perdido" y se detecta "que las transferencias para efectuar los pagos son anteriores incluso a la formalización de los préstamos, así como una contabilización y justificación documental muy deficiente".
Los investigadores destacan igualmente irregularidades en el Plan Linares Futuro: "En una muy compleja concatenación de transferencias de financiación se detecta que numerosos empleados de Santana Motor se han beneficiado de ayudas económicas, sin sometimiento a la normativa reguladora de ayudas. Tratándose las transferencias de financiación de un instrumento inadecuado, careciendo fundamentalmente de la condición de beneficiarios reales. Se señala posible menoscabo de fondos públicos". Y en la liquidación de Santana Motor: "Se detecta una posible financiación pública de la sociedad Santana Motor una vez acordada la disolución y liquidación de la misma".
Pero los "atestados de este Grupo de Investigación" ponen el acento en una cuestión muy concreta: "Se ha dado cuenta de la investigación practicada en relación a la falsificación del Convenio MASSIF y se indicaba la irregularidad en cuanto al destino dado a los fondos otorgados en virtud del Convenio". La causa era grave y evidente: "Dicho Convenio fue firmado entre el Ministerio de Ministerio de Ciencia e Innovación y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en fecha 10/10/2008 para financiar los gastos e inversiones derivadas de la creación de capacidades en materia de diseño y desarrollo tecnológico de productos y procesos industriales de vehículos todo terreno". Como consecuencia, "en fecha 17/12/2009 fue suscrito el oportuno convenio entre la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y la Agencia de Innovación de Desarrollo de Andalucía SA, dependiente de esta misma Consejería, y de la que constituye un órgano instrumental". Y "una vez practicadas las oportunas diligencias para determinar el origen de la falsificación se determinó que el texto firmado entre la Consejería y la Agencia IDEA no coincidía plenamente con el texto aprobado en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y que esto transformaba el préstamo ordinario en uno participativo, y de hecho, no reembolsable. Se trató de una falsificación que implicó otras irregularidades en cuanto a la custodia de documentos públicos".
El asunto es de una gravedad máxima. Más aún si se tienen en cuenta dos factores adicionales: el primero, que en esa Consejería, como se ha explicado, mantenía influencia María Gámez. El segundo, que "uno de los aspectos de la investigación era además la identificación del destino dado a los fondos transferidos a Santana en virtud del Convenio MASSIF, por importe de 36.105.544 euros", porque "en el Atestado 4610/21 se ha dado cuenta del destino dado a los fondos, determinando que en los proveedores identificados en el texto del convenio tan solo se invirtieron 10.649.604 euros" y detectando "un flujo de salida de fondos desde Santana, por importes millonarios a favor de sociedades particulares vinculadas a la gestión del proyecto. Esto permite afirmar que en cierta medida la inversión en investigación y desarrollo, cuya financiación constituía el objeto prioritario del convenio, fue alterada para aumentar los gastos en gestión, en beneficio de las sociedades gestoras del proyecto, y en detrimento de la producción industrial en sí".
El dato "debe ponerse en relación con las falsedades detectadas en la justificación de los gastos, en virtud de las cuales, se modificaban partidas que se decía ya justificadas para incrementar partidas de gasto en personal y en subcontratación de la gestión del proyecto". Pero sobre todo con una cuestión de vital importancia: "Entre los proveedores que inicialmente no estaban contemplados en el Convenio, se detectó a partir de los datos fiscales de Santana Motor SAU y Santana Motor Andalucía SLU la presencia como beneficiarios de dos sociedades gestionadas por personas que a su vez estaban participando de manera coetánea en la gestión del Grupo Santana". Y "entre el conjunto de proveedores de Santana Motor se detectó la presencia como beneficiario de la sociedad Experience Management Group", del cuñado de María Gámez, la recién dimitida directora de la Guardia Civil hasta hace nada.