La entidad constitucionalista Impulso Ciudadano ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y al comisario de Justicia, Michael McGrath, para "denunciar formalmente la existencia de un patrón sostenido y deliberado de descalificación pública del Poder Judicial por parte de miembros del Gobierno de España, patrón que, conforme a los estándares europeos aplicables, compromete gravemente la independencia judicial y la confianza de la ciudadanía en la Justicia, pilares irrenunciables del Estado de Derecho".
En la misiva se informa a las autoridades europeas de que "desde la investidura del actual Gobierno en diciembre de 2023, y en particular a raíz del pacto político suscrito con la formación independentista Junts per Catalunya —en el que el Ejecutivo asumió como propia la narrativa del denominado lawfare o 'judicialización de la política'—, distintos miembros del Consejo de Ministros han protagonizado una serie de declaraciones públicas dirigidas a cuestionar la legitimidad, imparcialidad y motivación política de los jueces y magistrados que instruyen causas relacionadas con el entorno del Gobierno".
La carta recoge algunos ejemplos en estos términos: "Las manifestaciones documentadas incluyen, entre otras: la descalificación de la labor del magistrado García-Castellón de la Audiencia Nacional por parte de la entonces vicepresidenta Teresa Ribera, quien afirmó que el juez tenía una 'querencia a pronunciarse en una sola dirección' con 'implicación política importante'; las declaraciones del ministro de Justicia cuestionando la imparcialidad del magistrado instructor del caso que afectaba a la esposa del presidente del Gobierno; las manifestaciones del propio presidente del Gobierno en entrevistas televisivas afirmando que existen 'jueces haciendo política' que 'hacen un daño terrible a la Justicia'; y la recalificación sistemática de las diligencias judiciales como operaciones coordinadas con la oposición política para desestabilizar el Ejecutivo".
Óscar Puente y el registro de Ferraz
Impulso Ciudadano, que preside Rafael Arenas, hace especial hincapié en las últimas declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, con ocasión del registro de la UCO en la sede del PSOE de la calle Ferraz ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y reproduce el comentario de Puente en los pasillos del Congreso: "Esto habla muy a las claras de cuál es el sentido y cuál es el trabajo que algunos están haciendo para derribar a un gobierno, no con una convocatoria electoral, no en las urnas, sino con otras mañas y con otras herramientas".
Según la entidad constitucionalista, "esta caracterización de la actividad judicial como instrumento antidemocrático, formulada por un miembro del Gobierno de rango ministerial desde la sede del Parlamento, constituye, en criterio de esta asociación, la expresión más grave de un patrón consolidado".
Tras resaltar los variados incumplimientos de la normativa europea que implican las declaraciones descritas, Impulso Ciudadano pide a la Comisión Europea que "incorpore esta conducta al Informe sobre el Estado de Derecho en España, dirija una comunicación al Gobierno recordándole sus obligaciones en materia de independencia judicial, y valore la apertura de procedimientos formales".