Carlos Cuesta analiza en el editorial del Programa de Cuesta el pucherazo a través de la ley de nietos está alterando de manera significativa el censo electoral en España. Los parámetros originales de esta ley han sido modificados de forma controvertida, facilitando el acceso al voto a un gran volumen de personas residentes en el extranjero. Esta modificación se llevó a cabo apenas seis días después de la publicación de la norma en el BOE, mediante una instrucción firmada por la hermana de Óscar Puente, quien en ese momento ejercía como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
A pesar de que desde sectores del Gobierno se afirma que la trascendencia electoral de esta medida es nula, la realidad es que la incorporación de nuevos ciudadanos al censo altera directamente el resultado de los comicios. Las primeras estimaciones apuntaban a una incorporación de entre 1,2 y 1,3 millones de nuevos votantes, pero debido a la flexibilización de los requisitos introducida por la instrucción de Sofía Puente, la cifra podría elevarse hasta los 2,4 millones de votantes adicionales. Un impacto de tal magnitud es incuestionable en un país donde la participación habitual ronda los 24 millones de electores.
La ley original de memoria democrática, aprobada en octubre de 2022, declaraba tener como objeto el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Sin embargo, la posterior instrucción firmada por la hermana de Óscar Puente coló una presunción clave: se presumirá la condición de exiliado para todos los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Con esto, se eliminaron de golpe las exigencias de probar dicha condición, abriendo la puerta al voto masivo de descendientes sin arraigo ni proyectos de permanencia en España.
Además, esta normativa impulsada por el Gobierno del Partido Socialista adolece de una evidente asimetría moral y temporal. Mientras se busca el resarcimiento de los expulsados por la dictadura franquista, la ley ignora por completo a las familias y sucesores de las personas que fueron asesinadas por el bloque rojo o que padecieron el terror rojo durante la Segunda República. Esta parcialidad refuerza la tesis de que la medida no busca la justicia histórica, sino la creación de un caladero de votos favorable a los intereses del actual Ejecutivo.