Hay algo profundamente preocupante en la manera en la que Pedro Sánchez está gestionando la crisis de Ceuta. No porque el presidente del Gobierno se interese por la desinformación —debería hacerlo— sino porque parece mucho más interesado en buscar culpables imaginarios fuera de España que en afrontar las evidencias que apuntan hacia nuestro propio vecino del sur y hacia su propia gestión.
Esta semana, Sánchez ha llegado a vincular a Rusia e Israel con las campañas de desinformación relacionadas con la crisis de Ceuta. Una acusación gravísima. Y, hasta donde conocemos, sin presentar públicamente una sola prueba que permita sostener semejante afirmación. Israel y Rusia han rechazado las acusaciones. Pero mientras Sánchez mira hacia Moscú y Jerusalén, hay un lugar que parece incomodarle mucho más mirar: Marruecos. Porque ahí sí existen elementos concretos que requieren explicaciones.
Un informe de la Policía Nacional apunta a que agentes marroquíes, tanto uniformados como de paisano, guiaron a migrantes hacia Ceuta y describe una entrada planificada. El informe no permite afirmar por sí solo que la operación fuera ordenada por el Gobierno marroquí, pero desde luego plantea preguntas demasiado serias como para despacharlas con una teoría conspirativa sobre Israel. Y las preguntas se vuelven todavía más incómodas cuando escuchamos lo que dicen algunos miembros del propio Gobierno marroquí.
El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, ha defendido públicamente que Ceuta y Melilla son un "derecho histórico y geográfico" de Marruecos y ha reclamado que ambas ciudades regresen "al seno de la patria". Por su parte, el ministro de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, ha utilizado también el lenguaje de la "liberación" de Ceuta y Melilla.
Esto no es una teoría de la conspiración. Esto son declaraciones públicas de ministros marroquíes. Y mientras tanto, España tiene a un presidente que parece más dispuesto a insinuar una conspiración israelí que a exigir explicaciones a Rabat. Resulta difícil no preguntarse por qué.
Porque si existe un informe policial que señala la intervención de agentes marroquíes, si existen declaraciones de ministros marroquíes cuestionando la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y si sabemos que Marruecos ha utilizado históricamente la cuestión migratoria como instrumento de presión política sobre España, lo mínimo que cabe esperar de un Gobierno responsable es una investigación exhaustiva y una respuesta diplomática firme. Lo que no cabe esperar es que el presidente convierta a Israel en el sospechoso habitual.
Y aquí aparece una segunda cuestión, todavía más grave. Esta misma semana hemos conocido el informe sobre antisemitismo de la Federación de Comunidades Judías de España y el Movimiento contra la Intolerancia. Los datos son demoledores: 221 incidentes antisemitas registrados en 2025, frente a 193 en 2024, un aumento del 14,5 %. El informe alerta además de la normalización del discurso antisemita en España. No podemos analizar este aumento en el vacío.
Desde el 7 de octubre, el discurso público español ha experimentado una preocupante deriva en la que Israel aparece cada vez más como explicación de todo aquello que resulta difícil explicar. Y cuando esa narrativa llega desde la máxima autoridad política del país, el problema deja de ser meramente retórico. Un presidente puede criticar a Netanyahu. Puede condenar determinadas acciones del Gobierno israelí. Puede defender la causa palestina. Puede discrepar radicalmente de la política exterior de Israel. Lo que no debería hacer es acusar a Israel de estar detrás de una crisis española de esta magnitud sin aportar pruebas.
Porque cuando un jefe de Gobierno presenta a Israel como responsable oculto de acontecimientos nacionales, está haciendo algo más que política exterior. Está contribuyendo a alimentar una narrativa conspirativa que, históricamente, ha sido uno de los mecanismos más eficaces de propagación del antisemitismo. Todos sabemos bien cómo comenzaron los Protocolos de los sabios de Sión.
La crítica al gobierno de Israel es legítima, como a cualquier gobierno. La demonización de Israel no lo es. Y atribuir a Israel, sin pruebas, operaciones de desestabilización en España debería ser considerado, como mínimo, una irresponsabilidad política de primer orden. Lo más preocupante de todo es que esta teoría conspirativa resulta extraordinariamente conveniente. Porque permite hablar de Rusia. Permite hablar de Israel. Permite hablar de desinformación. Permite hablar de la supuesta extrema derecha internacional. De todo, menos de Marruecos y de la nefasta gestión del Gobierno de Sánchez. Y mientras el Gobierno español busca enemigos imaginarios, Marruecos continúa reclamando Ceuta y Melilla.
Quizá ha llegado el momento de que el presidente del Gobierno deje de mirar al otro lado del Mediterráneo buscando conspiraciones y mire, por una vez, hacia el lugar donde están las preguntas que todavía no ha contestado. ¿Quién organizó realmente la entrada? ¿Qué papel desempeñaron los agentes marroquíes? ¿Por qué se permitió que ocurriera? ¿Y qué piensa hacer España ante un país cuyos propios ministros siguen cuestionando nuestra soberanía?
España necesita respuestas, no conspiraciones. Ceuta necesita protección, no excusas. Y los judíos españoles no necesitan que el presidente del Gobierno utilice a Israel como chivo expiatorio para explicar los problemas que él mismo debería estar resolviendo. La realidad ya es suficientemente grave. No hace falta inventar una conspiración para evitar enfrentarse a ella.