Que un régimen como el chavista controle los pasos de los opositores no parece algo que sorprenda. Sin embargo, nadie esperaba que la propia fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, admita que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) ordenó escuchas telefónicas contra la exdiputada María Corina Machado, sin contar con las autorizaciones judiciales necesarias.
Los chavistas intentan ahora esconder este escándalo apuntando que las interceptaciones permitieron descubrir un supuesto plan de la oposición para cometer un golpe de Estado e incluso un magnicidio contra Nicolás Maduro. Estas denuncias fueron realizadas este miércoles por Jorge Rodríguez, alcalde de Libertador, un municipio de Caracas. Muy poco después de hacerse pública esta información, la opositora Machado rechazó las acusaciones y denunció ante la Fiscalía al denominado "alto mando político de la revolución" por la comisión de siete delitos, entre los que incluye "difamación e injuria".
Además, este viernes la fiscal Ortega Díaz admitió que se violó la ley al facilitar al Gobierno información sobre la investigación judicial sobre los supuestos planes de golpe de Estado, pero lo justificó al considerar que se trata de "un problema de seguridad del Estado". Apuntó que "es cierto que el Código Procesal Penal, en su artículo 286, nos habla del carácter reservado de las investigaciones, y que solamente pueden tener acceso a ellas quienes expresamente señala" pero matizó que "estamos frente a un problema grave, un problema de seguridad de Estado, creo era necesario que una de las posibles víctimas tuviera conocimiento de este hecho", en referencia a Maduro.
Como era evidente, el presidente intenta esconder esta ilegalidad y sigue hablando de estos supuestos planes de golpe de Estado cuyas únicas pruebas por el momento son algunos pocos correos electrónicos de Machado, que partieron de cuentas que según ella fueron utilizados sin su conocimiento. Por eso, el chavista instó este jueves a castigar "tantas conspiraciones e intentos de magnicidio" y reconoció que fue él mismo quien pidió al Alto Mando Político de la Revolución que hiciera públicas las pruebas: "Son apenas la punta del iceberg, un botón de la perversidad, la maldad que hay contra Venezuela, porque hay que decirlo, es contra todo el pueblo venezolano. Un complot contra Venezuela".