Que conste, que el comienzo especialmente interrogativo en las líneas de hoy, en modo alguno pretende provocar, sino tratar de aproximar un problema lacerante en la economía española que, genéricamente identificado con un modo de absentismo con causa, no llega a crear sentido de culpabilidad en quien lo practica
No se trata de denunciar, ni siquiera de descubrir que entre los que se consideran humanamente irreprochables, muchos estimarán que están trabajando por la sola presencia en su lugar de trabajo.
Bien es verdad que estos últimos están presentes mientras que otros no acuden al trabajo, por una causa u otra: unos, por conciliación familiar, bien conocida; otros, de baja por enfermedad, que se repite con frecuencia; otros, tendrán un acuerdo(?) para teletrabajar, asegurando que a distancia cumplen con la misma eficacia, si no mayor, que presencialmente…
Algo está pasando en la actitud del trabajador/empleado y su compromiso en la eficiencia de su actividad laboral. Recuerden que, la causa de que la productividad por trabajador haya disminuido durante el año 2025, sólo puede deberse a la disminución de horas reales de trabajo efectivo, pues, la productividad por hora, en el mismo año, ha aumentado.
Y lo que comentamos, no puede considerarse una cuestión menor, pues, la misma, ha merecido la atención rigurosa de la Airef, como una de las conclusiones de la segunda fase del Spending Review, en la que resalta que, la incidencia de las bajas por Incapacidad Temporal (IT) entre 2017 y 2024, ha crecido un 60%, y que, además, la duración de tales bajas, por esta causa, ha crecido un 15%, originando que el gasto por estas prácticas se haya triplicado en diez años.
La razón de que así sea, para la Airef, no plantea demasiadas alternativas. No se restringe, ni atenúa su juicio, al considerar que la culpable de tales despropósitos no es otra que la "deficiencia estructural" de la gestión de los expedientes de Incapacidad Temporal.
Sería milagroso que así no fuera, en un esquema de separación – en ocasiones desconocimiento, incluso ignorado desprecio – de tareas y de intereses entre quienes intervienen en el proceso: de un lado, los profesionales de la medicina, que reconocen facultativamente la dolencia y, en su caso, ordenan la baja laboral, y de otro la Seguridad Social, que es quien está llamada a financiar su coste.
Además, y sin pretender echar más leña al fuego, los instrumentos de supervisión para detectar prácticas abusivas o fraudulentas entre los concurrentes, o son ineficaces – quizá tediosamente insuficientes – o, en el extremo, hasta fraudulentos, por elusión de responsabilidades públicas.
Por último, si no fuera por ética del comportamiento público/privado de quienes intervienen, sí al menos por la capacidad de financiación de la Seguridad Social, debemos conocer que las bajas médicas en 2024 alcanzaron una cuantía de 16.500 millones de euros, sin considerar los efectos sobe la economía de las empresas. Lo que significa que en los diez años (2014-2024), el gasto por Incapacidad Temporal ha crecido un 200%.
¿Podemos soportar la pérdida de producción, además de este coste monetario público, por insuficiencia de control de la I.T.?