Una de las grandes paradojas del sanchismo es que, mientras el Gobierno presume de una gestión que ha hecho que la economía española vaya "como un cohete", el número de personas que vive del Estado no deja de crecer de manera exponencial. Semejante contradicción admite únicamente dos posibles explicaciones: o el crecimiento económico no se está reflejando en la renta de los ciudadanos o la protección social de las personas vulnerables es, en realidad, un subsidio prácticamente generalizado, instaurado con motivos electorales.
En Libre Mercado hemos dado a conocer los datos relativos a las prestaciones derivadas del desempleo, una ayuda que, por su propia naturaleza, debería estar destinada a las personas que pierden su trabajo y durante el tiempo imprescindible hasta que se incorporan nuevamente al mercado laboral. En estos casos, los beneficiarios debían cumplir diversos requisitos, el primero de los cuales es haber estado cotizando a la Seguridad Social un número determinado de meses, puesto que estamos ante una prestación reglada que se financia con las aportaciones de los propios trabajadores cuando están en activo. Sin embargo, la cobertura social a las personas en situación de desempleo encubre otro tipo de ayudas que suelen pasar desapercibidas y que la han convertido en un coladero para otorgar pagas mensuales que poco o nada tienen que ver con estar atravesando una situación de paro puntual.
Según los datos oficiales correspondientes al mes de enero, hay prácticamente 800.000 personas cobrando este subsidio de desempleo, una paga para la que no se necesita haber cotizado previamente a la Seguridad Social. Los beneficiarios reciben este abono mensual por motivos tan diversos como el haber agotado la prestación contributiva, haber cumplido determinada edad, haber salido de prisión, ser emigrante retornado o, simplemente, por tener un periodo cotizado insuficiente, un motivo este último que, en buena lógica, debería impedir que se accediera a esa prestación y no al contrario, como ocurre ahora.
Pero esta especie de paga por desempleo por la puerta de atrás es tan solo uno de los vértices del actual sistema de ayudas sociales, que tiene en el Ingreso Mínimo Vital su principal referencia. Junto con la Renta Básica de Inserción y las pensiones no contributivas, en España hay más de tres millones de personas cobrando una paga para la que no es necesario haber cotizado previamente, una cifra que acota perfectamente la imagen de una sociedad que vive del subsidio del Estado.
El Gobierno, faltaría más, presume de que cada vez hay más familias que dependen del IMV o de alguna de estas ayudas institucionalizadas, un argumento que desmonta por sí mismo la imagen de país próspero y de músculo económico que Pedro Sánchez pretende proyectar. El ideal de cualquier gobernante sería alcanzar una situación económica en la que este tipo de subsidios estatales tuvieran un peso insignificante. Sánchez y sus socios, en cambio, tratan por todos los medios de que cada vez más gente viva del Estado, confiados en que, llegadas las elecciones, todos sabrán a quién votar.