El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a recurrir a su receta favorita para maquillar el fracaso estrepitoso de sus políticas de vivienda: más gasto público y más asfixia al mercado. Con el anuncio de una inversión de 7.000 millones de euros en vivienda protegida y, sobre todo, la prohibición permanente de descalificar las VPO para su venta en el mercado libre, Moncloa culmina un ataque frontal contra el ahorro de las familias y la libertad individual bajo el disfraz del derecho social.
Esta medida estrella, que pretende impedir que una vivienda protegida pueda ser vendida jamás a precio de mercado, es, en la práctica, una expropiación diferida del patrimonio ciudadano. Durante décadas, el modelo de VPO en España permitió que miles de familias accedieran a una propiedad que, con el tiempo, se integraba legítimamente en su ahorro y patrimonio neto.
Al prohibir la venta libre "para siempre", el intervencionismo gubernamental convierte al propietario en un simple inquilino tutelado por la administración. Se elimina de un plumazo el incentivo del ahorro y se castiga a las clases medias y trabajadoras, impidiéndoles beneficiarse de la revalorización de su principal activo. Es la mentalidad colectivista más rancia: el Estado otorga el permiso para vivir, pero nunca permite al individuo ser verdaderamente dueño de su destino económico.
En cuanto a la lluvia de 7.000 millones de euros prometida, la historia económica nos dicta una lección de sano escepticismo. El Estado ha demostrado ser, sistemáticamente, el constructor más lento, ineficiente y caro posible. Mientras el Ejecutivo anuncia cifras astronómicas, mantiene bloqueadas las reformas de las leyes de suelo que permitirían que la iniciativa privada —infinitamente más ágil y eficaz— aumentara la oferta de forma natural. En un contexto de presión fiscal asfixiante y déficit desbocado, prometer tal desembolso es seguir alimentando un leviatán burocrático que ignora que la crisis habitacional no se soluciona con planes quinquenales, sino con libertad.
Desde una óptica de libre mercado, la raíz del problema es la escasez de oferta provocada por la inseguridad jurídica, la "inquiokupación" y una Ley de Vivienda que ha logrado el hito de reducir el stock de alquiler mientras los precios se disparan. El intervencionismo solo genera escasez y miseria. Si el Gobierno realmente quisiera abaratar la vivienda, dejaría de poner palos en las ruedas a los promotores y de tratar el patrimonio de los españoles como si fuera propiedad del Consejo de Ministros. Estamos ante un nuevo ejercicio de propaganda estatista: bajo la retórica de la "función social", se construye un país de ciudadanos dependientes, sin capacidad de capitalización y a merced de una burocracia que ha decidido que tu casa, en el fondo, sigue siendo suya.