Sostienen los políticos e intelectuales progresistas que los altos precios de la vivienda se deben a la proliferación de pisos turísticos. Su razonamiento parte de que, en la medida en que la demanda de estos establecimientos ha ido a más, encontrar inmuebles destinados al arriendo convencional se ha convertido en algo cada vez más complicado.
Sin embargo, desde Libertad Digital ya habíamos advertido sobre la estrechez de un razonamiento así, que deja fuera muchos elementos clave para entender el mercado de la vivienda. Quizá lo más importante de todo lo que deja fuera la narrativa izquierdista es el magro porcentaje de inmuebles que efectivamente se dedican al alquiler vacacional.
En este sentido, este diario ya señaló que menos del 1% del parque de vivienda español se dedica, en efecto, a este tipo de alquiler. Por otro lado, las estadísticas oficiales reflejan que el 80% de las pernoctaciones turísticas se completan en establecimientos hoteleros, de modo que el peso de residencias ofertadas por Airbnb y plataformas similares está lejos de alcanzar cuotas mayoritarias.
Sin embargo, lo ocurrido el pasado año en España supone una nueva vuelta de tuerca para este debate, puesto que las políticas restrictivas que se han venido adoptando a nivel nacional y autonómico sí han conseguido una reducción notable en el número de pisos destinados al alquiler turístico, lo que supuestamente tendría que haber dado pie a más oferta de arriendo convencional, aliviando así el cuello de botella que enfrenta dicho segmento del mercado.
Pues bien, tras la entrada en vigor del Registro Único de Alquiler, de obligatorio cumplimiento para alquileres turísticos desde el 1 de julio del pasado año, un total de 84.250 solicitudes han sido revocadas, forzando la retirada de estos inmuebles del mercado. El trámite en cuestión requiere licencias de operación, voto favorable de 3/5 de los vecinos de la comunidad o diversos requisitos de documentación. Por lo tanto, la pretensión declarada de reducir el número de pisos de alquiler disponibles en nuestro país ha salido adelante, motivo por el cual tiene sentido fijarse en la evolución de la oferta de arriendos convencionales, que la izquierda consideraba deprimida como consecuencia de la proliferación de negocios como el de Airbnb.
¿Y qué ha ocurrido? Como explica el portal inmobiliario Idealista, el total de inmuebles disponibles para alquiler no solamente no ha ido a más tras la retirada masiva de pisos turísticos, sino que se ha reducido con fuerza a lo largo del curso 2025, experimentando una reducción de 26.000 unidades y situándose en terreno negativo en 13 de las 17 comunidades autónomas. El progresismo anunciaba que el cerrojazo de pisos turísticos tendría el efecto inverso y conduciría a un repunte del alquiler convencional, pero lo ocurrido no puede estar más lejos de este pronóstico, puesto que las cifras de pisos disponibles han seguido cayendo.
Lo ocurrido se explica por varias cuestiones. La más importante es que los propietarios de los inmuebles que cada vez enfrentan más trabas para explotar su piso bajo uno u otro régimen de alquiler pueden optar por sacarlos a la venta, para sacudirse de una vez todo el lastre regulatorio que pende sobre su residencia y monetizar la venta del activo. Asimismo, son muchos los propietarios que reconfiguran el uso para sujetarlo al alquiler de temporada, una fórmula menos flexible que la del piso turístico convencional, pero que también ofrece importantes posibilidades de negocio, sobre todo si tenemos en cuenta la popularidad de España como destino vacacional.
Con esta intervención del mercado ha sucedido algo similar que el control de precios del alquiler. Sobre el papel, la izquierda insiste en que la regulación contribuye a abaratar los inmuebles; en realidad, son muchos los propietarios que retiran el inmueble del mercado en cuanto tienen posibilidad de hacerlo y, al reintroducirlo con un nuevo inquilino, lo hacen fijando un precio mucho mayor que compensa de esta forma los límites anuales de revalorización durante la duración del nuevo contrato. La drástica caída de la oferta también ha sido otro de los resultados derivados de esta medida.