Uno de los objetivos permanentes del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido, durante los últimos años, tratar de colonizar diferentes empresas e instituciones con el fin de incrementar el poder, la influencia y el control del Ejecutivo en distintos ámbitos de la actividad política y económica. En el caso de las corporaciones, el brazo ejecutor del Gobierno ha sido la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que le ha permitido entrar en compañías como Telefónica y controlar otras como Indra.
Ahora bien, la SEPI también se ha visto salpicada por los escándalos de presunta corrupción que afectan al Ejecutivo y al entorno personal de Pedro Sánchez. Por ello, resulta de especial relevancia evaluar la gestión de recursos y personal que lleva a cabo la empresa pública. En este sentido, una de las cuestiones más importantes es la forma en que se nombra a los consejeros de la sociedad, así como sus perfiles profesionales.
El papel de la SEPI
Un reciente informe de la Fundación Hay Derecho, llamado el Dedómetro de la SEPI, se encarga precisamente de analizar el mérito, la profesionalidad y la independencia en los consejeros designados por la SEPI en empresas privadas participadas por el Estado. Así, la Fundación evalúa "hasta qué punto la elección de los consejeros dominicales nombrados por el Estado a través de la SEPI en las empresas privadas participadas por el Estado depende de la politización o/y el amiguismo". En este sentido, la Fundación investiga quiénes son los designados por el Estado en las empresas privadas, además de si tienen la preparación y experiencia necesarias para estar en sus consejos de administración.
Así las cosas, el informe se sirve de información procedente de fuentes oficiales que incluyen sitios web institucionales, informes de gobierno corporativo y documentación pública de las empresas. Al respecto, desde la Fundación subrayan que "cuando esos datos no están disponibles, presentamos solicitudes de acceso a la información y recurrimos también a fuentes abiertas, como redes profesionales (por ejemplo, LinkedIn) o medios de comunicación".
De esta forma, en su última edición, correspondiente a este año 2026, el estudio analiza un total de diez empresas participadas por la SEPI durante un período de 22 años, que corresponde a ocho legislaturas. Además, el número de consejeros analizados por la Fundación para la elaboración del informe asciende a 35.
En este sentido, el informe recuerda que "la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es una entidad pública que gestiona las participaciones del Estado en empresas consideradas estratégicas", donde se incluyen compañías de sectores como la energía, la alimentación, las telecomunicaciones, el transporte o la defensa. Así, subraya que "aunque el Estado no siempre es el accionista mayoritario, su presencia le permite influir en decisiones relevantes para el interés general".
Interés político
Concretamente, la Fundación explica en su informe que "aunque los indicadores muestran una ligera mejora en los perfiles designados a lo largo de esos años, el cambio es más aparente que estructural". Por ello, subraya que "el modelo de nombramientos de la SEPI sigue sin experimentar una verdadera profesionalización: evoluciona lentamente desde niveles bajos, pero sin corregir sus deficiencias de fondo".
De este modo, el estudio demuestra que "los consejeros suelen tener trayectorias profesionales sólidas, pero esto no garantiza que estén preparados para el cargo". Al respecto, la Fundación incide en que "la formación específica en gobierno corporativo, la experiencia previa en otros consejos o la gestión ejecutiva de otras organizaciones, que son claves para el desempeño de un consejero, aparecen de forma muy desigual".
Por otra parte, el informe también destaca que "la independencia política es uno de los grandes puntos débiles". De este modo, se demuestra que "persisten perfiles con una fuerte vinculación política y patrones de designación que apenas cambian entre gobiernos". Por ello, se concluye que "en la práctica, los nombramientos parecen responder más a dinámicas de confianza política que a criterios objetivos de mérito, profesionalidad e independencia, alejándose de los estándares internacionales de buen gobierno".
De hecho, el informe expone que "el indicador global de mérito, profesionalidad e independencia de los consejeros designados por la SEPI arroja un resultado preocupante: ni siquiera llega al aprobado". Concretamente, de acuerdo con la Fundación Hay Derecho, la nota media es de 4,9 puntos sobre 10.
Propuesta de mejora
En consecuencia, dado todo lo anterior, la Fundación propone "exigir formación específica en funciones y responsabilidades del consejo de administración, gestión de riesgos, cumplimiento normativo y criterios de gestión empresarial, para asegurar que los consejeros están preparados para el cargo". Además, se propone "establecer una matriz clara y verificable de las competencias exigibles en todas las empresas participadas para todas las vacantes de consejeros designados por la SEPI".
Por otra parte, el informe también señala la necesidad de "implantar procesos formales de designación que incorporen una evaluación técnica previa real, basada en la definición pública y específica del perfil requerido para cada puesto en el consejo con una justificación debidamente motivada del nombramiento". En este sentido, se subraya que "la selección debe dejar de depender de decisiones discrecionales y ganar en trazabilidad y rigor".
Asimismo, la Fundación sostiene que se debe "reducir la dependencia de los cambios de gobierno en la designación y cese de consejeros", así como "introducir requisitos adicionales o periodos de enfriamiento para cargos políticos antes de acceder a puestos de consejero". Del mismo modo, se propone "publicar de forma sistemática información completa y estandarizada sobre los consejeros".