Carlos Cuesta y Beatriz García abordan con ironía y preocupación la última propuesta de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para intentar paliar la quiebra del sistema de pensiones. Bajo la dirección del ejecutivo de Pedro Sánchez, la deuda acumulada de la Seguridad Social se ha multiplicado por cuatro, situándose en una cifra alarmante de 136.000 millones de euros.
La medida estrella del ministerio consiste en convencer a los jubilados para que se den de alta como trabajadores autónomos bajo la modalidad de jubilación activa o flexible. Para Cuesta y García, resulta ridículo y contradictorio plantear a personas de unos 70 años, que ya han cumplido con su ciclo laboral, que se enfrenten de nuevo a la dura realidad fiscal española, caracterizada por una elevada presión impositiva y trabas burocráticas.
Beatriz García detalla el sinsentido de esta propuesta, explicando que cualquier jubilado que decida dar el paso tendrá que pagar obligatoriamente la cuota de autónomos antes incluso de saber si su negocio será viable. Además, tendrá que lidiar con las declaraciones trimestrales del IVA, la facturación y la constante vigilancia de la Agencia Tributaria, algo que dista mucho de ser un retiro tranquilo y merecido.
Durante la tertulia se reproduce una declaración del ministro en la que "defiende la necesidad de generar incentivos siempre positivos para prolongar la permanencia de los mayores en el mercado de trabajo". No obstante, Cuesta rebate este argumento de forma tajante, señalando que la propuesta es en realidad una trampa administrativa y que el verdadero estímulo para la economía y el empleo consistiría en bajar los impuestos y reducir las cotizaciones de forma generalizada.
Esta iniciativa, según los analistas, saca a la luz la gran contradicción del Gobierno de España. Mientras de cara al público se vende el mensaje optimista de que las pensiones están garantizadas y que el modelo es plenamente sostenible, por detrás se diseñan estrategias desesperadas para captar nuevos cotizantes a toda costa, confirmando de manera implícita que el desfase entre cotizantes y pensionistas es insalvable sin continuas transferencias del Estado.