El Ministerio de Presidencia ha denegado por completo el acceso a cifras sobre los cambios de teléfonos móviles del jefe del Ejecutivo y el importe global de sus adquisiciones. Libre Mercado ha accedido en exclusiva una solicitud de información amparada en la Ley de Transparencia, firmada por Isabel León Palacios, directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno, que fundamenta la negativa en límites legales vinculados a la seguridad nacional.
Contenido de la petición de información pública
La demanda de información formulada al amparo de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno pedía de manera expresa "el número total de veces que el actual presidente del Gobierno ha cambiado de teléfono móvil (dispositivo físico) desde que ocupa el cargo". El requerimiento precisaba de forma literal: "Se aclara expresamente que no se solicita el cambio de número de teléfono, ni el modelo de los terminales, ni las fechas concretas de cada cambio".
A continuación, el escrito reclamaba "el monto total agregado (importe bruto) de la compra de todos los teléfonos móviles a los que se refiere el punto anterior". Y añadía con claridad: "Se solicita únicamente la cifra global total, sin desglose individualizado por terminal ni por ejercicio presupuestario, con el objeto de evitar cualquier posibilidad de identificación del modelo actual o de modelos anteriores".
El solicitante limitaba así el alcance a un agregado numérico y a una suma económica, sin pedir detalles que pudieran identificar aparatos concretos o momentos precisos de renovación con el fin de evitar una inadmisión en la petición de información. La petición se apoyaba en el derecho de cualquier ciudadano a conocer contenidos elaborados o adquiridos por la Administración en el ejercicio de sus funciones, conforme al artículo 13 de la misma norma.
Motivos esgrimidos para la denegación
La resolución firmada por Isabel León Palacios deniega de plano ambas cuestiones planteadas. Argumenta que "la divulgación de información relativa a los cambios del dispositivo móvil del presidente del Gobierno —así como, en general cualquier otra información asociada a la gestión de los dispositivos móviles empleados— permitiría inferir aspectos relacionados con los protocolos de seguridad aplicados y destinados a garantizar la integridad, confidencialidad y seguridad de las comunicaciones del presidente del Gobierno".
Según el texto, revelar estos datos "comprometería su eficacia y podría generar riesgos para la seguridad de los sistemas y canales de comunicación del Gobierno de España". El escrito invoca el artículo 97 de la Constitución, que atribuye al Ejecutivo la dirección de la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Concluye que "el eventual conocimiento de la sistemática de gestión de la seguridad de los terminales abriría una ventana de vulnerabilidad en las comunicaciones del Poder Ejecutivo que causaría un perjuicio cierto para la seguridad nacional y la defensa".
Respecto al importe global, la misma resolución sostiene que "su divulgación permitiría inferir el número de dispositivos utilizados o sustituidos durante el período objeto de la solicitud". Explica que, combinado con datos públicos sobre precios de terminales de la Administración General del Estado, "permitiría deducir indirectamente con un cálculo matemático sencillo el número de cambios realizados y, en consecuencia, obtener indirectamente una información cuyo acceso se deniega". Añade que "los límites al derecho de acceso resultarían ineficaces si pudiera obtenerse indirectamente la información protegida mediante el acceso a datos conexos que permitan reconstruir o deducir aquella".
La denegación se ampara de forma expresa en los apartados a) y b) del artículo 14.1 de la Ley 19/2013, que permiten restringir el acceso cuando este cause perjuicio a la seguridad nacional o a la defensa.
No obstante, Libre Mercado también ha tenido acceso a la reclamación que hizo ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), alegando que conocer el gasto en los cambios de terminales y el número de veces de estos no "permitiría inferir aspectos relacionados con los protocolos de seguridad aplicados y destinados a garantizar la integridad, confidencialidad y seguridad de las comunicaciones del presidente del Gobierno. Lo que, a su vez, comprometería su eficacia y podría generar riesgos para la seguridad de los sistemas y canales de comunicación del Gobierno de España", ya que esta es una apelación genérica sin justificación suficiente para negar la información solicitada. Además, se ha apoyado en jurisprudencia del organismo que resulta directamente aplicable para este asunto.
El espionaje con Pegasus al terminal presidencial contado por Libertad Digital
El 2 de mayo de 2022, el Gobierno comunicó que el software israelí Pegasus había infectado el teléfono móvil del presidente Pedro Sánchez en dos ocasiones durante mayo de 2021, con extracción de 2,6 gigabytes en la primera vez y 130 megabytes en la segunda, según informó entonces Libertad Digital. También se detectó una infección en el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en junio de ese año, con extracción de 9 megabytes. Félix Bolaños calificó las intrusiones de "ilícitas y externas" y anunció la denuncia ante el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.
En julio de 2023 el juez José Luis Calama, el mismo que imputó a Zapatero, archivó provisionalmente la causa tras acreditar cinco infecciones en el terminal de Sánchez entre octubre de 2020 y diciembre de 2021, cuatro en el de Robles, dos en el de Fernando Grande-Marlaska y una en el de Luis Planas, siendo el número de intrusiones en los terminales del Gobierno aún mayor de lo denunciado previamente. El instructor citó la "absoluta" falta de cooperación de Israel, que no respondió a las comisiones rogatorias dirigidas a NSO Group, propietaria del programa, lo que impedía identificar a los autores.
En mayo de 2024 este medio publicó que el programa solo se vende a gobiernos y que su uso exige justificar la lucha contra el crimen o el terrorismo. Si Marruecos hubiera ordenado la operación, habría tenido que alegar esa necesidad, puesto que su licencia permanecía vigente.
En septiembre de 2024 el CNI acreditó, a través del Centro Criptológico Nacional, que se empleó la misma "estructura informática" para atacar el aparato de Sánchez y dispositivos en Francia. La principal hipótesis apuntaba a Marruecos, aunque se mantenían otras líneas abiertas tras la reapertura de la causa por datos enviados por autoridades francesas.
En julio de 2025, el juez Calama prorrogó seis meses más la instrucción a la espera de respuestas de Israel y Francia. La causa se había reabierto en 2024 con información gala sobre infecciones similares, pero los informes del Centro Criptológico Nacional no establecían relación directa entre ambos episodios.
El 22 de enero de 2026, el juez Calama archivó de nuevo la investigación por la "obstrucción" de Israel, que seguía sin ejecutar las comisiones rogatorias reiteradas desde 2022. El magistrado consideró que esa frustración impedía atribuir la autoría a una persona u organismo concreto.
Tres días después, el 25 de enero, el mismo instructor detalló que el código de Pegasus "no deja registros de actividad en el sistema más allá de la cantidad de datos extraída", por lo que resulta "técnicamente imposible afirmar nada sobre la naturaleza de la información a la que hayan podido tener acceso los atacantes". Los informes del Centro Criptológico Nacional sobre los datos franceses tampoco aportaron novedades.
En abril de 2026 Libertad Digital informó por última vez sobre el caso, y agentes israelíes propusieron filtrar datos sensibles extraídos mediante Pegasus que podrían haber afectado al Gobierno de Sánchez, al considerarlo un aliado de Irán y del terrorismo. Sin embargo, el primer ministro Benjamín Netanyahu lo impidió para preservar la discreción y la credibilidad de Israel ante sus clientes.