La historia suele ser justa con las realidades sociales, en las que cuentan de forma muy especial las políticas y las económicas, en tanto que ambas son el resultado de decisiones humanas. Por ello, no debe extrañar que el juicio sobre los actores, en estos casos, merezcan el aplauso del pueblo o su reprobación; raramente, la indiferencia.
Todos los españoles adultos recuerdan la tristemente famosa pandemia del Covid-19, también llamada del coronavirus, que la Organización Mundial de la Salud declararía el 30 de enero de 2020 como emergencia de salud pública internacional, reconociéndola como estado de pandemia el 11 de marzo de 2020; estado en que se mantendría hasta el 5 de mayo de 2023, en el que la propia organización (OMS) decretaría el fin de la emergencia sanitaria internacional.
Los perniciosos efectos económicos fueron notables desde el principio, por lo cual la Unión Europea constituyó unos fondos, los conocidos como Next Generation, como ayuda a los países miembros, para que los afectados desarrollaran planes, involucrando también al sector privado de sus economías. Estos planes, con el apelativo de Planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ejecutarían los fondos concedidos en los "Next Generation", con una dotación de 800.000 millones de euros, y un plazo para su ejecución de hasta primero de septiembre de 2026. De la dicha cantidad, a España se le asignaron 140.000 millones, pero el Gobierno español renunció a 38.000 millones, por lo que su disponibilidad se redujo a 102.000 millones.
¿Cuál fue la razón para esta renuncia? La primera información fue, porque los treinta y ocho mil millones eran créditos que había que devolver. La explicación tiene poca consistencia cuando el endeudamiento del Estado español a término del año 2025, último reflejado en Eurostat, supera el Producto Interior Bruto, mientras temíamos aceptar un crédito de los Fondos Europeos para avanzar en Recuperación, Trasformación y Resiliencia, que es un objetivo deseable, después de un período de contracción económica, como impuso la pandemia de 2020. La justificación gubernamental de la renuncia es dudosa o inaceptable.
De lo que se trataba con las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia era de aprovechar los Fondos para la transformación de la economía, haciéndola más productiva, no sólo de amortiguar, coyunturalmente, el golpe que suponía la pandemia. Se pretendía que las inversiones públicas financiadas con los recursos "Next Generation" incentivaran actividades paralelas equivalentes en el sector privado de la economía, estimulando al capital privado a participar en el objetivo último de transformación.
La cuestión no es menor, pues la ausencia de la actividad privada en la participación, diseño y ejecución de las medidas –planes/hitos– desarrollados por el sector público ha supuesto la pérdida de oportunidad para incrementar la productividad de nuestra economía –una asignatura pendiente desde hace tiempo– que se hubiera podido acometer con grandes resultados, fijando los objetivos de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
No creo que por Bruselas se pretendiera simplemente fortalecer la capacidad inversora del Estado, que es lo que ha ocurrido. Una ocasión perdida para sanear la economía –incrementando su productividad–, que no se produce todos los días.