Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha ha comparecido en el Congreso de los Diputados donde este martes se toma en consideración la reforma del Estatuto de esta comunidad. La polémica gira sobre la fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura, incluida en el texto estatutario. El PP manchego está a favor, no así el de Valencia y Murcia. Tampoco los socialistas valencianos la apoyarán. José María Barreda ha dicho que no descalifica "el trasvase por franquista, lo descalifico por ineficaz y obsoleto a medio y largo plazo".

La polémica está servida. Mientras el PP y el PSOE de Castilla-La Mancha han aprobado el proyecto de reforma del nuevo estatuto, incluida la propuesta de fecha de caducidad para el trasvase Tajo – Segura, los diputados del PP y del PSOE de Valencia en el Congreso de los Diputados ya han avanzado que apoyarán este martes la toma en consideración de esta reforma, pero no respaldarán que éste fije una fecha de caducidad para el trasvase. El PP de Murcia también está en contra.

El proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía para Castilla La Mancha llega este martes al Congreso de los Diputados, donde se votará la toma en consideración de un texto que viene avalado por los dos grandes partidos en Castilla-La Mancha, aunque ha abierto una serie polémica al incluir una fecha de caducidad para el Trasvase Tajo – Segura, lo que podría provocar votos en contra de parlamentarios de Valencia y Murcia.

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, como Andalucía o Castilla-La Mancha, han optado por la confrontación para tratar a los objetores a Educación para la Ciudadanía. Según informa ABC, en la localidad toledana de Yepes un inspector de la Junta, en una visita a un centro escolar, obligó  a siete niños objetores a entrar a la clase donde se impartía la materia contra su voluntad, lo que ha causado un gran malestar en los padres. El movimiento que se opone a la asignatura suma en todo Toledo 7.300 objeciones por lo que han calificado este altercado como "una grave agresión al derecho de los padres a educar a sus hijos en sus convicciones morales".

Las Cortes de Castilla-La Mancha propondrán al Senado la candidatura del actual presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, y del catedrático de la UCLM Luis Ortega para ocupar dos de las vacantes del Tribunal Constitucional. El plazo dado por el Senado a las comunidades autónomas para presentar sus dos candidatos termina el 29 de septiembre, por lo que las Cortes regionales elegirán los suyos en el próximo pleno, el jueves 25.

Los opositores a Educación para la Ciudadanía siguen cosechando triunfos en los tribunales a pocos días del inicio del nuevo curso escolar. El último caso ha sido en Castilla-La Mancha donde un Juzgado de Albacete, el primero que se manifiesta en esta comunidad, ha decretado la suspensión cautelar de la asignatura a una familia porque el asistir a esta clase "hubiera podido causar a dichos menores daños calificados como de imposible reparación".

El Gobierno de Castilla La Mancha anunció en la tarde de este domingo la primera remodelación de su estructura desde las elecciones autonómicas de mayo de 2007. El nuevo Ejecutivo contará con cuatro consejerías menos y pierde a seis de sus actuales integrantes. Además, sólo habrá una vicepresidencia. La nueva consejera de Educación es madre de una de las víctimas del incendio de Guadalajara, de la que aún no se han depurado responsabilidades políticas.

Debate sobre Educación para la Ciudadanía en las Cortes de Castilla-La Mancha. El consejero socialista de Educación amenaza con no graduar a los chicos objetores y advierte a las familias con que su formación moral es correcta, sólo si se ajusta a los valores de la moral pública o de Estado. La reacción a este discurso no ha tardado: para Concapa, "la Junta atropella la libertad ciudadana". En esta región, EpC comenzará a impartirse en el próximo curso 2008-2009.