El fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, la operación Gürtel o el proceso abierto contra Sánchez Manzano por el arma homicida del 11-M... serán algunos de los temas que marcarán la agenda judicial, y por extensión política, del este país en los próximos meses.
Además, el Gobierno socialista que preside José Luis Rodríguez Zapatero deberá implantar la nueva oficina judicial si quiere evitar que los jueces vuelvan protagonizar sonadas protestas. El espíritu del Movimiento del 8 de Octubre, a raíz del que se gestaron las principales reivindicaciones de la Carrera Judicial, amenaza con resucitar si las promesas del Gobierno para modernizar la Justicia no se consuman.
La sentencia del Estatut
Tres años después de la entrada en vigor del Estatuto de Cataluña, el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado al respecto. Como consecuencia, la aplicación de un sinfín de leyes cuya constitucionalidad está en entredicho y el bloqueo del Alto Tribunal, cuya renovación lleva ya casi dos años de retraso. Sin embargo, todo apunta a que pese a la fuerte división entre los magistrados respecto al fallo, éste verá la luz en el presente curso judicial.
La expectación en torno a la más que esperada sentencia y la repercusión que tendrá la decisión del TC es bien sabida por sus miembros, quienes apuestan porque el fallo se adopte por una amplia mayoría. Los diez magistrados que dirimen sobre la norma no se quieren conformar con que la sentencia salga adelante por la mínima; es decir, con los votos a favor de sólo seis magistrados. Además, todo apunta a que su presidenta, María Emilia Casas, no parece estar dispuesta a hacer uso de su voto de calidad para desatascar la sentencia.
Tras tres años de espera un fallo consensuado por “los pelos” en un asunto tan crucial para el Estado, como es la constitucionalidad de la norma estatutaria catalana, dejaría al Alto Tribunal en muy mal lugar a los ojos de la opinión pública. De momento, magistrados progresistas y conservadores parecen no ponerse de acuerdo en los principales aspectos
Un halo de esperanza para las víctimas del 11-M
A pesar de que el pasado día 25, el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dictó un auto en el que rechazó la petición formulada por el ex vicepresidente de la AVT Gabriel Moris y Pilar Crespo (padres de un fallecido en el 11-M) para que se reabriera el sumario principal del 11-M y se realizaran nuevas diligencias basadas, un juzgado de Madrid mantiene abierto un halo de esperanza para las víctimas del brutal atentado.
El pasado mes de julio el juzgado de Instrucción nº 43 de Madrid aceptó admitir a trámite la querella presentada por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M contra Sánchez Manzano y la perito químico de los Tedax. Una querella criminal contra el que fuera comisario jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, y la perito química de los Tedax como presuntos autores de los delitos de omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento por ocultación de pruebas y de falso testimonio. Sánchez Manzano declarará el día 15 de septiembre.
Operación Gürtel
El terremoto político, judicial y mediático en el que se ha convertido el caso Gürtel seguirá acaparando portadas en los próximos meses. El pasado día 5 el Tribunal Supremo remitió a las Cortes la solicitud de los suplicatorios para proceder a la imputación formal de los populares Luis Bárcenas y Jesús Merino. Un trámite necesario para continuar con la causa en torno a los dos dirigentes del PP, acusados por un presunto delito fiscal y otro de cohecho derivados de su relación con la trama corrupta dirigida por Francisco Correa.
Por otro lado, será en el nuevo año judicial cuando se hará pública la decisión del Tribunal Supremo sobre el recurso de casación de la Fiscalía, anunciado por la vicepresidenta De la Vega, en contra el archivo de la causa abierta en su día al presidente de la Generalidad valenciana, Francisco Camps, y el resto de aforados valencianos presuntamente implicados en el caso Gürtel.
Según ha declarado el presidente de la Sala de lo Penal de la máxima instancia española, el magistrado Juan Saavedra Ruiz, dicho recurso seguirá todos los trámites ordinarios por lo que previsiblemente se resolverá "en un plazo de entre ocho meses y un año".
Implantación de la nueva Oficina Judicial
Era un espejismo desde que el año 2003 se aprobó la ley orgánica del proyecto para reformar la oficina judicial. Tras seis años en el olvido el pasado mes de junio el Congreso aprobó por unanimidad la modificación de15 leyes procesales que permitirán implantar la nueva oficina. Dicha reforma incorpora al texto inicial más de doscientas enmiendas, varias de ellas reivindicaciones realizadas por los jueces, como la supresión de los traslados forzosos por ascenso o la creación de la figura del juez de adscripción territorial.
Tras su andadura en el Congreso, será el turno del Senado. Cuando éste le haya dado el visto bueno, todo apunta a que lo hará en octubre, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá aprobar el reglamento que fijará los criterios generales para garantizar un funcionamiento homogéneo de la nueva oficina en todas las comunidades autónomas. Está previsto que dicho reglamento se apruebe a finales de año para que la Oficina Judicial se implante el 1 de enero de 2010.
Ley del aborto libre
La intención del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero es que la nueva ley del aborto vea la luz "a finales de este año 2009 o principios de 2010". Es la fecha señalada por el Ministerio de Igualdad para la aprobación de la polémica ley.
Tras su paso por el Consejo Fiscal, que declaró inconstitucional la nueva ley de plazos, y el silencio del Consejo General del Poder Judicial, que por primera vez en sus casi 30 años de historia no informó sobre una ley propuesta por un Gobierno, el anteproyecto de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo se encuentra en el Consejo de Estado.
Éste deberá emitir un informe, que no tendrá carácter preceptivo, sobre el anteproyecto de ley. El pasado 28 de julio y "sin carácter de urgencia" el Gobierno registró en el Consejo de sabios la ley de plazo por lo que se prevé que la votación se produzca "como muy pronto" en la reunión tendrá lugar el próximo día 10.
Una vez que este órgano consultivo haya emitido su dictamen, el anteproyecto de ley volverá al Consejo de Ministros con el fin de poder introducir modificaciones antes de iniciar su trámite parlamentario en el Congreso y el Senado.