La Sala especial del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha vuelto a asumir el protagonismo. Fue la misma Sala que decretó ilegales la mitad de las candidaturas de Acción Nacionalista Vasca, ex PCTV, ex Batasuna, ex Herri Batasuna y ex lo de siempre. En aquel momento no pudo hacer otra cosa, porque la legitimación activa para solicitar la ilegalización la comparten el Fiscal General del Estado, es decir, Cándido, o sea, Bermejo, dizque Zapatero, y la Abogacía del Estado, que viene todo a ser uno. Y es que según la Ley de Partidos nadie más puede instar la ilegalización de un partido.
En aquellos días de mayo de 2007, previos a la celebración de las elecciones municipales, andaba el Gobierno enredado en salvar su proceso de paz, y es muy conveniente recordar que don José Blanco se permitía por aquel entonces darle lecciones al PP de respeto al trabajo de los magistrados del Supremo. ¡Pero don José! Si se abriera un procedimiento por el asesinato de Montesquieu, a su calificación lo adornarían las agravantes de alevosía y ensañamiento.
Ahora han cambiado las tornas, ya no hay superávit, ya no hay creación de empleo, ya no hay capacidad para hacer AVEs absurdos, en el corazón de Europa manda la derecha, ya no mueren americanos en Irak, Estados Unidos está ganando la guerra, Bush agota su último mandato y hasta parece que el Zapatero yanqui, Obama, no va a ganar. ¿Qué le queda al Gobierno? Necesita recuperar imagen como sea. Dado que son maestros en el arte de la mentira, pretenden que creamos que siempre han buscado la ilegalización de ANV. ¡Cuánta razón tenía Revel! Sería esta la causa que motivó que la Asociación de Víctimas del Terrorismo convocara una manifestación sin precedentes, para celebrar la acción del Gobierno.
Quedamos quienes nos acordamos de la persecución a José Alcaraz por parte del aparato de picar carne que es el tándem PRISA-PSOE. También recordamos cuando Patxi López, el "Montilla euskaldún", decía que la ilegalización de ANV era una pretensión y una obsesión del PP. Claro que era una obsesión de aquel PP, como que Mayor, Iturgáiz, San Gil y muchos otros sabían que el Gobierno estaba cometiendo una felonía no instando la ilegalización.
Hoy, casi un año y medio después, cuando al Gobierno le ha convenido, el Tribunal Supremo ha ilegalizado ANV. Habrá quien diga que sigo siendo un agorero por no alegrarme, pero me duele el dinero que, salido del bolsillo del contribuyente, ha ido a parar a ANV (o sea, a ETA), cuando se podía y debía haber evitado. Y eso ha sido con el conocimiento y el consentimiento tanto del PSE-PSOE, como del PNV. Si quieren que nos creamos que algo ha cambiado, deberán solicitar la disolución de todos los ayuntamientos de ANV mañana mismo.
Se ha perdido mucho tiempo, demasiado tiempo, contemporizando con asesinos, esperando una babosa recompensa en forma de rédito electoral, político. Es impresentable un Gobierno cuya estrategia de lucha contra el terrorismo cambia en función de sus intereses políticos, y no de la eficacia de la misma.