En una sociedad pasiva como la que vivimos, cabe casi todo, desde la libertad condicional de ese monstruo apodado "Rafita" al incumplimiento de las sentencias de los Tribunales por parte de nuestros máximos representantes.
España como estructura de Estado tiene hoy serios problemas de autoridad. No es posible que el poder judicial como uno de los tres poderes del Estado sea puesto en cuestión como institución y sus sentencias incumplidas. Es explicable que el delincuente trate de esquivarlas, por eso son delincuentes, pero es inadmisible que representantes de otros poderes del Estado hagan lo propio parapetados tras cuestiones ideológicas, supuestos agravios históricos o filibusterismo jurídico. Este es el caso del presidente de la Generalitat, José Montilla, que no pierde ocasión para mostrar su sumisión ante el nacionalismo en cuantas ocasiones tiene para demostrarlo. La última, en una larga entrevista de TV3. La persistencia de su insumisión debería ser ya tema de la Fiscalía del Estado. Y lo debería ser porque su insumisión sirve de coartada legitimadora a la sociedad catalana interesada en creerse lo que no le interesa aceptar de la sentencia constitucional. La pedagogía del odio contra lo español que denunció Félix de Azúa, se le suma ahora la pedagogía prevaricadora. A sabiendas, incumplen. Y esto es altamente peligroso para la estabilidad institucional del Estado.
Preguntado en dicha entrevista por la "Ley de acogida de los inmigrantes" –donde se hace de la lengua catalana la única lengua de acogida como lengua propia y común (o sea preferente) frente a la subsidiaria del castellano, incumpliendo la sentencia del Constitucional que ha considerado el uso preferente del catalán de su artículo 6.1 como inconstitucional–, el presidente de la Generalitat ha contestado: "No entra en conflicto ni entrará en conflicto con el Estatuto y de hecho se basaba en una Ley de Política Lingüística que es plenamente constitucional, la ha avalado el Tribunal Constitucional como lo recuerda la sentencia sobre el Estatuto". Impresiona la naturalidad con la que miente.
Es preciso recordar que la Ley de acogida ha estado aprobada bajo el actual Estatuto. Y queda afectada de raíz porque el Constitucional no ha admitido el uso preferente del catalán, que en su artículo 9.4 y 9.5 hace efectivo la ley de acogida. Por otra parte, el Constitucional nunca pudo avalar la Ley de política lingüística, sencillamente porque nunca se pronunció sobre ello ya que nadie presentó un recurso de inconstitucionalidad. El PP de Aznar, necesitado del apoyo de CiU, que tenía los 50 diputados para hacerlo, no lo presentó y maniobró para que tampoco lo hiciera el defensor del Pueblo. Esa ley de política lingüística, a la luz de la sentencia Constitucional, va en contra de la Carta Magna en varios artículos, entre ellos los dedicados a la sanciones lingüísticas que habilitan el Código de Consumo para multar por rotular sólo en castellano.
Sigue el Honorable: "La ley de acogida es una ley vigente, y lo que cabe hacer es aplicarla y desarrollarla, es lo que haremos y eso no es insumisión, como ha dicho alguno, sino todo lo contrario. No estaríamos cumpliendo las leyes si no aplicáramos esta ley, eso es preciso recordarlo; los recursos no invalidan la aplicación de las leyes, ya veremos cuando el Constitucional decida sobre esta ley dentro de 4, 5, 7 u 8 años, pero mientras tanto, mientras el Tribunal no diga lo contrario, y tardará años en pronunciarse, es una ley vigente y nuestra obligación es aplicarla. Y es lo que haremos".
Mayor cinismo, imposible. Se acoge al truco legal del recurso para no cumplir lo evidente en espera de la decisión de los tribunales, pero se olvida de la actual sentencia del Constitucional sobre el Estatuto que afecta directamente a la ley recurrida. Su responsabilidad como representante del Estado debería bastar para adecuarse a la ley.
Muy al contrario, se pavonea cínicamente de la necesidad de cumplir las leyes al mismo tiempo que las incumple. No es la primera vez. Su mala fe quedó retratada cuando decidió acelerar la aprobación de esta ley de acogida de la inmigración para evitar la sentencia constitucional, a sabiendas de que no entraba en la Constitución.
Es un imperativo moral, no sólo político, desenmascarar a estos trileros de la política. La limitación de mandato es un sistema de seguridad en espera de una Fuenteovejuna electoral.