El Día de la Constitución ha sido un fiel reflejo del estado de la Nación: un desangelado homenaje oficial en la Cámara Alta, con la notoria ausencia de la mayoría de las autoridades políticas; las fuerzas nacionalistas, a lo suyo: el desprecio abierto de nuestra Carta Magna; el presidente del Gobierno rindiendo pleitesía a los disgregadores desde el principal órgano del separatismo... Y, frente a todos ellos, miles de ciudadanos manifestándose en favor de la unidad nacional como valor supremo de nuestro orden político.
La concentración promovida por Denaes en el centro de Madrid fue el punto de encuentro de miles de españoles conscientes de la gravedad del momento que vivimos, españoles a los que nuestra clase política se empeñó en dar la razón de nuevo con su comportamiento bochornoso. Si ya resulta doloroso que tenga que existir una asociación civil para la defensa de la unidad y pervivencia de la Nación, mucho más lo es que esa defensa haya de organizarse justamente frente a una clase política que, en su gran mayoría, oscila entre el odio a España y la indiferencia cómplice hacia su destino por mero cálculo electoral.
Pero mal se puede exigir ejemplaridad a los representantes políticos cuando el principal de ellos elige precisamente el Día de la Constitución para hacer público un artículo preñado de argumentos que, siendo generosos, sólo podemos calificar de dudosamente constitucionales. Que el presidente del Gobierno eligiera para su publicación un periódico que se ha distinguido últimamente por sus ataques a la unidad de España y a los españoles en su conjunto, no hace sino dejar aún más de manifiesto la intolerable actitud genuflexa de Rajoy ante el separatismo, a costa de la nación cuya Carta Magna juró cumplir y hacer cumplir.
En contra de lo que afirma Rajoy en esa pieza lamentable, en la Constitución no cabe todo. No cabe el desprecio a sus mandatos y símbolos por parte de organismos o representantes del Estado, como hacen con frecuencia la Generalidad y los componentes de ese Gobierno autonómico. Tampoco cabe el incumplimiento contumaz de las sentencias emanadas de los tribunales, como se ufana de hacer la Generalidad. No cabe la insolidaridad para apropiarse de una mayor tajada de los fondos comunes. No cabe la negación de derechos básicos como el uso de la lengua oficial de España y, por supuesto, no cabe la renuncia culpable del Gobierno central a poner en marcha los mecanismos constitucionales previstos para solucionar situaciones de abierta rebeldía.
Dice Rajoy en ese artículo de La Vanguardia que desea una larga vida a la Constitución, sentimiento que es ampliamente compartido, como se pudo ver en la Plaza de Colón de Madrid. Pues lo tiene muy fácil; sólo tiene que hacerla cumplir a partir de hoy mismo en aquellos territorios en los que virtualmente ha dejado de tener vigencia. La supresión inmediata de la inconstitucional inmersión lingüística de Cataluña sería un excelente comienzo para que los españoles creamos que su juramento en la toma de posesión no fue en balde.