Al exministro José Blanco le espera a la vuelta de la esquina una acusación de tráfico de influencias, según el diario El Mundo. Ése es sólo uno, y quizá el menos grave, de los asuntos turbios que le envuelven. Por si la acusación se sustanciara, ya pueden hacer sitio en la unidad de grandes quemados, que Rubalcaba puso la mano en el fuego. También hizo el número sentimental de dirigirse a los padres de Blanco para asegurarles que su hijo era honesto, aunque quiso decir honrado. En realidad, se dirigía a los votantes, que aquello fue en plena campaña. O sea, utilizó a los padres, cosa moralmente aún más reprobable. Lo que no hicieron los apparatchiki del PSOE fue presionar al antiguo escudero de ZP para que dejara su escaño tras ser imputado. Si lo hicieron, fracasaron. Los fontaneros de partido disponen siempre de recursos. Como los tesoreros, por otra parte.
Hay cruce de declaraciones entre líderes sobre qué hacer con los posibles corrutos, como decimos los gallegos, que economizamos hasta en el habla y a veces sólo en eso. El imputado es un personaje fronterizo, a medio camino entre el presunto inocente y el presunto culpable. Yo no sé si debe dimitir un cargo público en cuanto lo imputan, pero es evidente que no puede continuar si afronta una acusación firme. Una escuela de pensamiento quiere que todos los partidos acuerden hacer lo mismo con sus sospechosos; es decir, que hasta entonces no hagan nada. Un concierto entre partidos para un código de conducta en tales casos es improbable, además de absurdo. Ese todos a la vez significa o todos o ninguno y finalmente ninguno. Que cada partido establezca su código, que lo aplique y que juzgue el votante.
Por lo demás, las conversaciones interceptadas en este tráfico de influencias ofrecen un interés añadido: son un ejemplo práctico de los escollos que encuentra quien quiere hacer negocios en España; y de cómo se supera la carrera de obstáculos gracias a un amigo bien situado. El empresario Orozco quería montar una plataforma logística en el aeropuerto de El Prat, pero la parcela pertenecía a dos ayuntamientos. Los trámites con el de Sant Boi le volvían "tarumba" y recurrió al amigo: "Voy a llamar a Pepe Blanco a ver si manda algo allí o allí van por libre o cómo carallo lo hacen". Tras asegurarse de que el alcalde de Sant Boi era nuestro, el amigo puso manos a la obra. Pero la complejidad burocrática era tal que a los dos meses se quejaba así Orozco: "Hasta abril/mayo no sacan el informe del Prat. Así es imposible, qué país...". El lamento secular. Ni con la intervención del mismísimo ministro de Fomento. Hasta por eso tenía que haberse retirado Blanco.