El 30 de julio de 2013 el Banco Europeo de Inversiones (BEI) hablaba con alborozo de las instalaciones de Castor. "Damos la bienvenida al primer proyecto beneficiario de la nueva herramienta Project Bond de la Unión Europea: la instalación de almacenamiento energético Castor, que proveerá el 30 por 100 de las necesidades diarias de gas en España". Era el primer plan que accedía en Europa a los fondos de financiación para infraestructuras críticas recientemente habilitados. El BEI actuaba como inversor ancla con 500 millones de euros en una primera fase coordinada por el Banco Santander. La inversión ahora pende, como el ánimo de los habitantes de la zona, de las movedizas tierras del lecho marino frente a Castellón. ¡Menuda forma de empezar un plan de activación financiera!
Castor ya es la palabra de moda entre los que arañan la actualidad en busca de titulares para alimentar la voracidad anti: anticiencia, antimultinacionales, antienergías tradicionales, anti Florentino Pérez. Se agrupan en torno a la misma asamblea almas tan variadas como las de Cayo Lara y el alcalde popular de Vinarós, marcando el paso al tañir de los microseísmos… y no tan micros. Porque pocas cosas nos desasosiegan tanto como el temblor de la tierra bajo nuestros pies, y en esta ocasión parece cada minuto más evidente que ese temblor tiene que ver con la actividad industrial humana.
Así que asistimos ya al consuetudinario espectáculo de la casta política arrojándose sospechas, apuntando amenazas de demanda, corriendo a posar antes que nadie ante los focos de las cámaras, rasgándose las vestiduras desde la barrera del que no ha de decidir (porque el pueblo no se lo ha pedido con sus votos) qué demonios hacer con la cosa energética en este país proverbialmente subdesarrollado en tal materia. ¿A qué me recordarán estas escenas, esta fruición por el rédito político rápido y televisado a costa de un desastre natural? Sí ya saben a qué me recuerda. Castor es el nuevo Prestige, solo que en este caso es el Prestige de Zapatero y sus ministros, que tuvieron la responsabilidad de dar carta blanca al proyecto ahora en entredicho.
Con las cosas de ese modo, todo hace pensar que, una vez más asistiremos, al consabido desdén hacia la ciencia. Urgidos por la necesidad de aparentar que todo está controlado, excitados por el puñado de votos que surgen de la falla de Amposta con cada tremor, embriagados de focos de televisión, presionados por las preguntas de los periodistas y el retumbar de las caceroladas en la calle, los responsables políticos del asunto empiezan a dar palos de ciego. Hay ministros, como Soria, que se ufanan en anunciar que la instalación no se reabrirá hasta que tengamos "el 100 por 100 de certeza" de que no va a tener ningún efecto sobre la sismicidad de la zona. Ignora que no existe una sola actividad humana que pueda ofrecer riesgo cero. En realidad sólo existe una: no hacer nada.
Pero no hacer nada no es una opción. España necesita seguir creciendo (o empezar a crecer); es imperativo disminuir nuestra dependencia del gas de zonas del planeta cada vez más inestables políticamente; tenemos que responder con solvencia a la confianza que las entidades financieras internacionales han depositado hace un suspiro en nosotros. Hay que dejar más claro que nunca que el almacenamiento de gas es una buena idea, como lo es el transporte de petróleo por mar, a pesar de los accidentes o las negligencias, que, sin duda, alguien deberá pagar. Tenemos que evitar que el desencanto y el oportunismo beneficien a quienes gustan de mezclar churras con merinas, a los que se ganan un escaño que echarse a la boca pidiendo que se detengan todas las instalaciones que tengan que ver con la inyección de fluidos en la tierra: esas mismas que han permitido a Estados Unidos reducir en un tercio sus costes energéticos en la última década y pico y que ahora no queremos para nosotros.
Castor puede ser el paradigma de un garrafal error de gestión o, además, el paradigma de la estupidez ecobuenista, que tanto cunde en estos casos. Alguien debería empezar a hablar con claridad. Y a hacer en público las preguntas que han de hacerse, lejos de ilusorias intenciones de seguridad total y apaños para aprovechar políticamente nuestro desconocimiento. ¿Puede España vivir sin proyectos como éste? Paralizar la inyección de gas, ¿realmente detendrá el daño ya hecho a las rocas de la falla? ¿Si se detiene para siempre el plan Castor, qué ocurrirá con la instalación realizada? ¿No sería más peligroso para la zona dejar abandonada una plataforma que hunde sus canalizaciones en los poros de una falla activa? ¿Estamos condenados a depender para siempre del gas que nos llega de países en pleno conflicto? ¿Alguien volverá en Europa a confiar en una estructura firmada por una empresa española? ¿Qué va a pasar con los 1.500 millones comprometidos financieramente? Bueno, para esto sí hay respuesta: usted y yo empezaremos a dar cuenta de ellos en nuestras facturas de gas y luz. De hecho, ya lo hacemos.