La portavoz de ERC Anna Simó ha querido justificar su apoyo a una comisión de investigación parlamentaria sobre el llamado caso Pujol advirtiendo al actual presidente de la Generalidad:
Ni la corrupción debe tapar el proceso ni el proceso debe ocultar la investigación sobre la corrupción.
La verdad es que todos nos acordamos de cómo el entonces estatuto soberanista catalán sí sirvió -y de qué manera- para tapar la corrupción del tres por cierto. Ahora bien, si no fuera por las veces que la propia ERC ha agitado la bandera de Cataluña para, en realidad, ocultar la corrupción de sus políticos, y si no fuera porque uno de los objetivos del proceso secesionista es blindar judicialmente a su casta dirigente, la verdad es que podríamos decir que la Sra. Simó tiene razón: por mucho que la corrupción y el proceso secesionista hayan ido y sigan yendo de la mano, no dejan de ser dos fenómenos delictivos distintos que pueden, incluso deben, tratarse por separado.
Y es que, a diferencia que lo que plantea la Sra. Simó, el desafío al Estado que se está perpetrando desde las instituciones autonómicas catalanas, y que entraña los delitos de prevaricación, desobediencia, usurpación de atribuciones y malversación de fondos públicos para financiar ilegales estructuras de Estado, tales como una agencia tributaria propia, o para sufragar los gastos que acarrea la eventual celebración de un referéndum ilegal, constituye, todo él, un proceso delictivo. Y lo seguiría siendo aun cuando sus impulsores –cosa que no parece ser el caso– no se hubieran con ello enriquecido personalmente de forma ilícita.
Dicho de otra forma: aunque Artur Mas no se haya enriquecido en nada haciendo caso omiso a las sentencias de nuestros más altos tribunales respecto de la ilegal inmersión lingüística que se impone en Cataluña, no por ello el presidente de la Generalidad deja de perpetrar un delito de desobediencia por el que podría y debería ser juzgado. Cosa distinta, claro está, es que el Gobierno de España, supuestamente Poder Ejecutivo, parezca más preocupado en evitarse la intervención de la Administración regional catalana que en defender a nuestra nación como Estado de Derecho.
Otro tanto podríamos decir, en el caso de confirmarse, de otras noticias de más reciente aparición, como las relativas a la extorsión que algunos comerciantes catalanes están presuntamente sufriendo por parte de un organismo público como la Asamblea Nacional Catalana, o del adiestramiento en tácticas militares de asalto y guerrilla que, según publica El Mundo, estaría recibiendo un grupo de civiles y de Mossos d'Esquadra vinculados al movimiento independentista radical Estat Català: aunque nadie se esté lucrando personalmente en ello, ni la extorsión de la ANC ni semejante adiestramiento dejarían de ser clamorosas ilegalidades.
Cosa distinta, insisto, es que los gobernantes españoles tengan un empeño en no ver el carácter delictivo que tiene el proceso separatista, muy similar al que durante tanto tiempo les impedía ver la corrupción que asolaba a Cataluña en tiempos de Pujol.